Alto a la violencia minera contra las mujeres en Ecuador

Defendemos el agua sin miedo Y a pesar de todo, hoy debemos lamentar el asesinato de Alba Bermeo Puin (© Accion Ecológica) Comunidades de Molleturo están reunidas Consternación en la comunidad (© Acción Ecológica) Inscripciones en la entrada de una mina: "Mineros fuera, no preguntaron al pueblo. Este es territorio de la comunidad. No hay paso para la minería" No a la minería (© Acción Ecológica) Río Blanco, aquí también hay una concesión minera Rio Blanco, concesionado a la minería (© Acción Ecológica)

Alba Bermeo Puin estaba embarazada de cinco meses. Ella y su bebé fueron asesinados la madrugada del 22 de octubre dejando un gran vacío y a toda la comunidad en estado de desolación absoluta. En menos de un mes, ha habido tres ataques contra mujeres que se oponen a actividades de minería en la provincia de Azuay.

Noti­cias y actuali­zaciones Petición

Para: Asamblea Nacional; Fiscalía; Corte Constitucional; Gobernación de la provincia de Azuay; organismos internacionales de Derechos Humanos

“Detengan de inmediato la violencia generada por la minería - Justicia para Alba Bermeo Puin - el Estado ecuatoriano es responsable”

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Las mujeres son demasiado a menudo víctimas de violaciones de sus derechos. En contextos de violencia extractiva, esta se suma a las cargas habituales de la vida de las mujeres y se convierte en una pesadísima sobrecarga, que conlleva además graves riesgos. Es urgente recalcar los derechos específicos de las mujeres y hacerlos respetar.

La violencia en aumento en Ecuador que culmina con el asesinato de Alba, es crónica de una muerte anunciada. No es un caso aislado. Revela un patrón muy claro de violencia vinculado a la minería.

Hace escasos días, informábamos de otras agresiones sufridas en octubre por Defensoras del Agua de la comunidad San Pedro Yumate, por parte de unos hombres vinculados a la minería. Sendas denuncias se interpusieron consecuentemente ante las autoridades.

En Yumate y comunidades circundantes como Río Blanco, no desean ningún tipo de minería: ni la ilegal, que estaría tras estas agresiones, ni tampoco la industrial, manejada por mineras que pretenden formalizar la actividad minera en la parroquia y en la región.

La Alianza por los Derechos Humanos y otras organizaciones aseguran que el Estado „conocía los riesgos a los que estaban expuestas las personas defensoras y sus pedidos de auxilio y no adoptó medidas adecuadas y efectivas para cumplir con su obligación de protección reforzada“, lo que lo convierte en responsable.

La comunidades de Molleturo quieren paz y poder defender sus derechos y sus territorios en paz y en seguridad.

Desde Salva la Selva transmitimos nuestra indignación y pesar. Nos solidarizamos con la familia de Alba Bermeo Puin y con todas las defensoras sujeto de ataques y agresiones en Molleturo y en otros lugares.

Exhortamos también a organismos internacionales de Derechos Humanos para que incidan en sus recomendaciones al estado ecuatoriano sobre la urgencia de la protección de los derechos humanos a las defensoras/-es.

Esta petición busca la solidaridad internacional. Te invitamos a sumarte. Muy pronto la entregaremos a las autoridades.

Más información

Las comunidades de Río Blanco y Yumate, en la parroquia de Molleturo, se oponen desde hace más de 20 años a la minería en sus territorios comunitarios.

En 2018, ganaron una acción de protección por la vulneración del derecho a la consulta previa, libre e informada de los pueblos indígenas. Entonces, la minera Ecuagoldmining SA/Junefield tuvo que suspender parcialmente sus actividades.

Actualmente, existe una Acción Extraordinaria de Protección sobre el caso Río Blanco ante la Corte Constitucional del Ecuador, que dadas las circunstancias, se hace urgente sea resuelta a la mayor brevedad.

Pero el proyecto minero Río Blanco no es el único. Existen en torno a diez concesiones mineras de oro, plata y cobre por casi 50.000 hectáreas de territorio de las comunidades. En juego están los páramos, humedales y bosques primarios, que albergan y abastecen de agua no sólo a las comunidades circundantes, sino abarcando además a tres provincias.

Si formas parte de una organización existe una carta para adherir como tal.

Programa radial sobre las agresiones que están sucediendo en Molleturo, con participación comunitaria, alertando de los ataques armados a las defensoras y defensores de Molleturo (Cuenca), desde que inició octubre. El programa se grabó antes del asesinato de Alba Bermeo alertando de la situción y el peligro.

Carta

Para: Asamblea Nacional; Fiscalía; Corte Constitucional; Gobernación de la provincia de Azuay; organismos internacionales de Derechos Humanos

Estimadas Sras. y Sres.:

Expresamos profunda indignación por la violencia desatada en Molleturo contra las mujeres por parte de personas relacionadas con la minería y por el asesinato de Alba Bermeo, sucedido el 22 de Octubre. El mismo pudo haber sido evitado de haber actuado las autoridades del Ecuador como les correspondía. Por sus acciones y omisiones, consideramos responsables y cómplices las autoridades locales y nacionales.

La Alianza por los Derechos Humanos y otras organizaciones denuncian que „Pese a los gravísimos hechos sucedidos tanto el 1 de octubre como el 8 de octubre de 2022, ni la Gobernación de la provincia de Azuay, ni la policía, ni la fiscalía, ni ninguna otra entidad del Estado han tomado medidas para brindar protección a las personas defensoras de la naturaleza en Molleturo como tampoco para impedir actividades de minería ilegal“.

Nos sumamos a la Alianza para exigir atención a esta situación, una investigación exhaustiva de los hechos por parte de la Fiscalía, que lleve a una identificación, juzgamiento y castigo de los culpables.

Además, es urgente detener las agresiones inmediatamente y toda actividad minera en la región, en tanto en cuanto acarrea consigo este nivel de agresión y descontrol y, como se ve, también riesgo para la vida y para la seguridad de la población.

La Asamblea Nacional debe hacerse cargo de la situación. Y Como firmante del Acuerdo de Escazú, Ecuador está obligado a garantizar la labor y la vida de personas que se identifican como defensoras del medio ambiente, obligación que se ha visto vulnerada en Molleturo.

Las comunidades afectadas por la minería y su violencia desean quedar totalmente libres de actividad minera, sea legal, ilegal o de cualquier tipo y de acuerdo a la legislación tienen derecho a consulta y a Decir NO a la actividad extractiva.

Atentamente,

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