Paren la violencia minera: defender la tierra no es terrorismo

Mujeres acusadas de terrorismo por defender la vida y la naturaleza frente a la minería protestan con un cartel "No somos terroristas" © MICC/Frente Nacional Antiminero Fila de policías en un camino, en las inmediaciones de las comunidades afectadas por el proyecto minero La Plata, en el cantón Sigchos, Cotopaxi, Ecuador ¿Consulta ambiental? (© MICC/Frente Nacional Antiminero) Policía y ejército invaden comunidades en el cantón Sigchos, Cotopaxi, Ecuador, para forzar la socialización no deseada de un proyecto minero Así están las comunidades (© MICC/Frente Nacional Antiminero) Cuatro cascos de bala encontrados en las comunidades de Sigchos, Cotopaxi, tras balacera de la policía sobre comunidades en resistencia a la minería © MICC/Frente Nacional Antiminero

En los pasados días ¡70 agricultoras y agricultores! han sido denunciados por terrorismo en Sigchos, Cotopaxi. Justo antes, una represión policial sin precedentes dejó al menos 15 heridos. Balas, perdigones y gases se lanzaron sobre niños, mujeres y personas mayores. Su único delito: defender el agua, la tierra y la vida.

Noti­cias y actuali­zaciones Petición

Para: Sr. Daniel Noboa, Presidente del Ecuador

“Garanticen un verdadero derecho a Consulta Previa, Libre e Informada y a la Consulta Ambiental en todo el Ecuador. No repriman a defensores/-as de la naturaleza”

Leer la carta

Sigchos es un cantón de la provincia de Cotopaxi, en los Andes centrales del Ecuador. En las parroquias de Las Pampas y Palo Quemado, el sol sale cada mañana por detrás de los campos de caña de azúcar para producir panela. Para su desarrollo sostenible, estos territorios subtropicales necesitan agua limpia y ecosistemas naturales como la Reserva Ecológica El Tigre.

Aquí siempre hemos sido un territorio de paz. Jamás ha habido violencia. Resistimos en derecho, tal y como lo permite la ley” dice uno de los comuneros. Los pasados días no han sido precisamente pacíficos. El 19 y 26 de Marzo, más de 500 policías y militares irrumpieron en las comunidades con violencia. Se trata de un intento de abrir los territorios indígenas y campesinos a la explotación minera

Unos días antes, el Ministerio de Energía y Minas emitió un Acuerdo Ministerial que regula a la baja el derecho a la consulta Previa, Libre e Informada. Su intención era llevar a cabo una “consulta ambiental”, prevista en la legislación para población no indígena. Ambos días hubo disparos y heridos, lo cual es más que suficiente para deslegitimar completamente todo el proceso.

Cabe destacar que, previamente, el gobierno declaró un Conflicto Armado Interno en enero 2024 para combatir la delincuencia y el narcotráfico. Pero ahora, como nos temíamos, abusa de esta declaratoria para acusar de terroristas a quienes se opongan a sus políticas y las acusaciones de terrorismo en Sigchos son una muestra de ello.

Además, las organizaciones Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi MICC y Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador CONAIE denuncian que la “consulta ambiental” propuesta por el gobierno no sirve, porque “es un proceso viciado, amañado e inconstitucional”. No están llevando a cabo una consulta, sino una “socialización”.

Se teme una ola de violencia generalizada en otros lugares en similar situación, además del abuso del Derecho para criminalizar a quienes defienden el territorio y la naturaleza.

En su apoyo, firma por favor la petición al presidente ecuatoriano y su gobierno.

Comienzo de la petición: 27/03/2024

Más información

En Palo Quemado y Las Pampas tan sólo 70 de los 1100 habitantes del sector habrían sido “socializados” con miras a hacer posible la explotación minera de la canadiense Ático Mining Corp ATY en su territorio en contra de la voluntad popular. Dando participación en el proceso a muy pocos -sólo a quienes están de acuerdo con el proyecto minero- intentan obviamente amañar el resultado. Si ni siquiera se considera consultar a la gran mayoría en desacuerdo, se trataría de un fraude flagrante. Así se defienden los intereses de empresas mineras.

Pretenden saltarse los derechos y los controles democráticos y de participación

Tan sólo han transcurrido unas pocas semanas desde de que el 4 de marzo 2024, el presidente Daniel Noboa estuviera en la mayor feria minera del mundo en Toronto, Canadá, donde prácticamente vendió la idea del Ecuador como “país minero”, prometiendo todo tipo de facilidades a las empresas mineras para que vengan a abrir sus minas. Las organizaciones de Ecuador denuncian que el propio presidente tiene vínculos con empresas mineras y, por tanto, se beneficia personalmente de la apertura del país a la minería. En Toronto firmó seis compromisos de inversión minera, entre ellos, un acuerdo de inversión con Ático Mining para el desarrollo del proyecto minero en cuestión, llamado La Plata.

La CONAIE denuncia públicamente que “no es la primera vez que un gobierno pretende unilateralmente establecer reglas laxas y convenientes al interés extractivista y contrarias al alcance y fondo de la Consulta Previa, Libre e Informada”. Pero, “nuestros derechos no son un mero trámite y no somos los convidados de piedra de sus planes para despojarnos de nuestros territorios”, añaden.

El gobierno anterior, al emitir el Decreto Ejecutivo 754 sobre Consultas Ambientales, ya pretendió flexibilizar el procedimiento para favorecer exclusivamente a transnacionales que buscaban explotar petróleo y minería. La Corte Constitucional declaró inconstitucional este decreto tras episodios de violencia similares al de ahora, ocurridos también en Sigchos

Ahora, pretenden lo mismo desde el Ministerio de Energía y Minas, con un manual emitido este año 2024 para “operativizar” el proceso de CPLI que se está usando para reanudar las Consultas Ambientales, pero reduciéndolas a un mero formalismo. La operativización y flexibilización consisten en que el Ministerio del Ambiente, pueda decidir, como lo está haciendo en Sigchos, consultar tan sólo a una pequeña parte de las personas afectadas. Además, desconoce el derecho a la resistencia y al consentimiento, es decir, a oponerse al proyecto extractivo.

El resultado es que muchas comunidades no quieren participar en un proceso de este tipo, porque debido a las manipulaciones, desconfían profundamente de un gobierno que quiere imponer la minería realizando la consulta mediante una militarización.

Desde las organizaciones indígenas y campesinas se ha exige una Ley Orgánica que regule las consultas.

La concesión minera en Palo Quemado Cotopaxi nunca fue consultada

Según la Alianza por los Derechos Humanos de Ecuador, en el caso de Las Pampas y Palo Quemado “se están violando derechos constitucionales que incluyen los derechos a la Consulta Previa, al ambiente sano y los derechos de la naturaleza, estos últimos especialmente protegidos por ley en el Ecuador”.

Debido a que muchos gobiernos, como en este caso el ecuatoriano, fallan en llevar a cabo procesos de Consultas bien hechas, comunidades afectadas por proyectos extractivos alrededor del mundo se encuentran en una discusión global acerca de su Derecho a Decir NO a la minería y al extractivismo, y cómo hacerlo valer ante las autoridades.

Más información

Consulta Previa, Libre e Informada y Consulta Ambiental en Ecuador


Cronología del Conflicto:

  • Enero 2024 – el gobierno extiende la concesión minera de Atico Mining Corp ATY hasta 2029, sin consulta previa. El mismo mes se produce declaración de Conflicto Armado Interno en el país, para combatir la delincuencia y el narcotráfico.

  • 6 de Marzo- se emite el manual para “operativizar” procesos de Consulta Previa, Libre e Informada CPLI para facilitar la agenda minera

  • 10 de Marzo 2024 – La comunidad denuncia que desde el 7 de marzo se encuentra un grupo armado en la comunidad de Palo Quemado amedrentando a las personas

  • 11 de Marzo – Frente Nacional antiminero denuncia un enfrentamiento armado por parte del grupo armado. El mismo día Raúl Bayas Villacrés denuncia a 72 comuneras y comuneros de Las Pampas y Palo Quemado como “terroristas”

  • 18 de Marzo – llegan aproximadamente 500 policías y 200 militares a Palo Quemado para reprimir la protesta social y proteger las carpas instaladas para la socialización. Policías y militares pernoctan en instalaciones de la minera, de acuerdo a los testigos

  • 19 de Marzo – controles policiales de acceso a la parroquia restringen la movilidad de las personas por el área. También la cancha comunitaria está cercada. El mismo día comienza la represión policial violenta, con al menos 15 heridos, 7 de ellos de mayor gravedad

  • 15 de Marzo – Suspensión provisional mediante Acción de Protección interpuesta a nivel local (Gad Cantonal de Sigchos)

  • 26 de Marzo – nuevas incursiones policiales y militares en la comunidad con varios heridos, al menos uno de gravedad. Movilizaciones y mensajes de apoyo en todo el país.

  • 27 de Marzo – más movilizaciones de apoyo

  • 29 de Marzo – La acción policial y militar dejan un saldo de al menos 100 personas heridas, una de ellas en estado crítico de salud tras recibir un disparo en el rostro.

Carta

Para: Sr. Daniel Noboa, Presidente del Ecuador

Me sumo al rechazo de las comunidades campesinas e indígenas frente a los abusos del gobierno ecuatoriano en relación con el avance de la minería.

Repudiamos la violencia que está ejerciendo contra las comunidades indígenas y campesinas al haber acusado a 70 personas de "terrorismo", abusando de la declaratoria de Conflicto Armado Interno, emitida con otros propósitos.

Es conocido que esta figura se está utilizando cada vez más para perseguir y criminalizar a personas y organizaciones que se defienden del avance de actividades como la minería en sus territorios. En Ecuador, el derecho a la resistencia es legítimo y se encuentra consignado la Constitución, Art. 98.

El movimiento indígena y campesino ecuatoriano, tiene una larga trayectoria de protección y defensa de sus territorios, frente a diferentes intentos de apropiación del mismo por parte de actores externos. El gobierno ecuatoriano viene adelantando proyectos mineros a gran escala en zonas del país que tienen otras vocaciones y en las que las poblaciones no están de acuerdo con esa imposición.

No habiando sido debidamente consultadas, las concesiones mineras como la del proyecto La Plata, de Ático Mining Corp ATY, serían ilegales e ilegítimas. Nos sumamos a las organizaciones indígenas que Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi MICC y Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador CONAIE y exigimos:

-Que se garantice el derecho a la consulta previa en todo el territorio nacional, bajo los estándares internacionales y respetando las sentencias de la Corte Constitucional, elaborando una ley de Consulta Previa, Libre e Informada

-La salida inmediata de fuerzas policiales y militares de Palo Quemado y Las Pampas, personadas mediante cientos de policías

-La salida inmediata de la minería de las comunidades de Palo Quemado y Las Pampas

-Deje de acusar de terroristas a campesinos e indígenas que defienden la vida y los bienes comunes y retiren inmediatamente la falsa acusación de terrorismo hecha a 70 personas de Las Pampas y Palo Quemado, cantón Sigchos, Cotopaxi

-Dejen de hacer un mal uso del estado de excepción

-Dejen de atacar, amedrentar y reprimir a comuneros actuando por necesidad como defensores de la vida y el territorio frente a la minerí

-Deroguen inmediatamente el manual elaborado para “operativizar” los procesos de consulta que viola el consentimiento previo, libre e informado CPLI

-Respeten los estándares nacionales e internacionales de protección de derechos de los pueblos indígenas

Nos mantenemos alertas y en apoyo y solidaridad con las personas que en Las Pampas y Palo Quemado se encuentran resistiendo a la violencia y abuso policial y militar.

Atentamente,

Noti­cias y actuali­zaciones Footnotes

un Acuerdo MinisterialAcuerdo Ministerial Nro MEM-MEM-2024-0002-AM

El martes 19 de marzo, la CONAIE presentó ante la Corte Constitucional del Ecuador una demanda de inconstitucionalidad contra el Acuerdo Ministerial.


consulta Previa, Libre e InformadaEstablecida en la Constitución del Ecuador, Art. 57, numeral 7. Este derecho es fundamental para garantizar la participación de las comunidades afectadas por proyectos de desarrollo y para proteger sus formas de vida ancestrales y su cultura.


en otros lugares en similar situaciónUn 8% del territorio ecuatoriano está concesionado a la minería


tan sólo 70 de los 1100 habitantesLas informaciones a las que hemos tenido acceso dicen que han sido tan solo 2 recintos los consultados, los que son promineros (San Pablo de La Plata y La Mina), mientas los dos recintos que serán más afectados (Galápagos y Florida), no han sido consultados.


explotación minera de la canadiense Ático Mining Corp ATYProyecto minero La Plata, de oro, plata, cobre y zinc


ocurridos también en SigchosY en el cantón Las Naves, provincia Bolívar, en un conflicto que tuvo como resultado quetres campesinos han sido sentenciados a tres años de carcel por defender su territorio frente a la política minera violenta e inconsulta de los gobiernos de turno.


CronologíaElaborada con la información de la Alianza por los Derechos Humanos Ecuador, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador y La Raíz

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