¡Por favor, firma contra el genocidio que promueve Bolsonaro!

Mujeres indígenas de brasil protestan contra la destrucción de sus territorios © Apib Comunicação - CC BY-SA 2.0

En Brasil, abogadas y defensores de derechos humanos piden a la Corte Penal Internacional de La Haya que inicie investigaciones contra el Presidente Bolsonaro. Bolsonaro alienta crímenes contra la humanidad y el genocidio de los 300 pueblos indígenas del país sudamericano.

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Para: Sra Fatou Bensouda, Fiscal de la Corte Penal Internacional de La Haya

“La Corte Penal Internacional debe investigar al Presidente Bolsonaro por genocidio y ataques sistemáticos contra los pueblos indígenas en Brasil.”

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El 27 de noviembre 2019, un colectivo de abogados brasileños que defienden los derechos humanos, junto a la comisión de derechos humanos Dom Paulo Evaristo Arns entregaron un informe de 71 páginas a la Corte Penal Internacional de La Haya.

El grupo pide a la Sra. Fatou Bensouda, fiscal responsable de la Corte Penal Internacional de La Haya, investigar al Presidente Bolsonaro, por incitación al genocidio y ataques sistemáticos contra los pueblos indígenas.

Brasil se encuentra en una situación de emergencia, por lo que hemos tomado esta drástica medida contra nuestro propio presidente. Es necesario proteger los derechos de nuestro pueblo, dice José Carlos Dias, ex Ministro de Justicia del país.

El gobierno de Bolsonaro está pidiendo que se ataque a los pueblos indígenas de Brasil y sus tierras con el pretexto del desarrollo del Amazonas. Detrás del maltrato y el desprecio a los derechos de los casi un millón de indígenas del Brasil hay un plan preconcebido.

El objetivo declarado de Bolsonaro es explotar las áreas protegidas de los pueblos indígenas: se dice que las empresas mineras, madereras, sojeros, los ganaderos y la industria de la caña de azúcar pueden saquear sus selvas tropicales.

“Nuestro sistema judicial nacional no es capaz de llevar a cabo una investigación independiente e imparcial sobre el Presidente Bolsonaro”, dice Eloísa Machado, profesora de derecho constitucional. Las condiciones actuales del país recuerdan a los tiempos de la dictadura militar brasileña.

Ahora las y los defensores de derechos humanos de Brasil ponen sus esperanzas en la fiscal de la Corte Penal Internacional. Debería documentarse y decidir si se debe solicitar una investigación contra Bolsonaro, dicen los grupos.

Más información

Abogados brasileños y un influyente grupo de derechos humanos, entre los que se encuentran seis ex ministros del gobierno, acusan al presidente de extrema derecha Jair Bolsonaro ante la Corte Penal Internacional por promover el genocidio de la población indígena de Brasil.

El Colectivo de Abogados de Derechos Humanos de Brasil (CADHu) y la Comisión de Derechos Humanos Dom Paulo Evaristo Arns (Comisión Arns) presentaron recientemente ante Fatou Bensouda, fiscal de la Corte Internacional de Justicia de La Haya, una "nota informativa". En la misma pedían una "investigación preliminar sobre la incitación al genocidio y los ataques sistemáticos generalizados contra los pueblos indígenas" por parte de Bolsonaro.

Ahora, Bensouda buscará información de los gobiernos de Brasil y de otros países, de las Naciones Unidas y de otras organizaciones intergubernamentales, de ONGs y de otras fuentes para decidir si se debe solicitar el permiso para una investigación, dijeron los grupos.

Las acciones, palabras y omisiones de Bolsonaro en relación con los derechos ambientales en Brasil pueden clasificarse como ataques a la población civil, según el documento.

A principios de marzo de 2020, una delegación de indígenas de Brasil informó de asesinatos y robos de tierras a la Organización de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Ginebra.

El 5 de febrero, el gobierno de Bolsonaro presentó el proyecto de ley 191/2020 en el Parlamento de Brasil, que prevé la liberación de zonas indígenas protegidas para la minería, la industria petrolera, las centrales hidroeléctricas y los proyectos agroindustriales. Unos días más tarde, en una reunión del 18 de febrero, una delegación de indígenas pidió al Presidente del Parlamento, Rodrigo Maia, que rechazara el proyecto de ley.

Según datos de Human Rights Watch, la política de Bolsonaro alienta a redes criminales que llevan a cabo talas ilegales en la región amazónica y amenazan y utilizan la violencia contra la población indígena, los residentes y los funcionarios encargados del medio ambiente.

20.000 buscadores de oro ilegales ya han invadido la Reserva Yanomami. Están talando la selva tropical, destruyendo las cuencas de los ríos y contaminándolas con mercurio altamente tóxico, que se utiliza para ligar las partículas de oro.

Los mineros traen enfermedades contra las cuales los indios no tienen defensa inmunológica -un tema actualmente sumamente importante y delicado-, traen alcohol, prostitución y violencia.

Los indígenas se oponen y exigen que se respeten sus derechos reconocidos en la Constitución y se dejen en paz sus territorios ancestrales. Bolsonaro incita deliberadamente al odio contra el pueblo indígena, a quienes califica de “animales de zoológico”, “hombres prehistóricos” y traba para el desarrollo del país.

En lugar de sacar a los saqueadores de las áreas protegidas, presentó la iniciativa legislativa el 5 de febrero de 2020 con la intención de liberar también las reservas indígenas para la minería, la tala, la soja, la caña de azúcar y la cría de ganado.

El balance anual de su política: 9.166 kilómetros cuadrados de bosque talados o incendiados (la superficie total de Chipre), según el instituto estatal de vigilancia por satélite INPE. Esto significa que desde que Bolsonaro llegó al poder, la tasa de deforestación ha aumentado en un 85%.

Como las cifras relativas a destrucción del medio ambiente no le convenían, Bolsonaro despidió al director del Instituto INPE. Bolsonaro afirmó que ecologistas y organizaciones no gubernamentales extranjeras están detrás de los devastadores incendios forestales.

Más informaciones:

APIB, 24. Jan. 2020. Articulação dos Povos Indígenas aciona PGR contra Bolsonaro por crime de racismo: <http://apib.info/2020/01/24/articulacao-dos-povos-indigenas-aciona-pgr-contra-bolsonaro-por-crime-de-racismo/>

Carta

Para: Sra Fatou Bensouda, Fiscal de la Corte Penal Internacional de La Haya

Estimada Sra Fatou Bensouda:

Según organizaciones de derechos humanos, indígenas y medioambientales, el gobierno brasileño del presidente Jair Bolsonaro está cometiendo graves violaciones de derechos humanos.

Le instamos, en su calidad de fiscal de la Corte Internacional de Justicia de La Haya, a que inicie una "investigación preliminar sobre la incitación al genocidio y los ataques sistemáticos generalizados contra los pueblos indígenas" en Brasil por parte del Presidente Bolsonaro.

El Colectivo de Abogados de Derechos Humanos de Brasil (CADHu) y la Comisión de Derechos Humanos de Dom Paulo Evaristo Arns (Comisión Arns) ya le han pedido que lo haga a través de una "nota informativa" *) y en una reunión habida el 27 de noviembre de 2019.

Atentamente,

Información breve sobre el tema Indígena

Por Ollantay Itzamná

En países como Honduras, Guatemala u otros que se encuentran anclados en la zaga de la historia, a las y los indígenas se los denomina todavía como etnias o tribus. Esto, cuando las instituciones y la sociedad mestiza se encuentran de buen humor. Cuando no, pues, de vagos, sucios, ignorantes no los bajan. Aunque se visten, comen y estudian gracias al arduo trabajo invisibilizado de las y los vagos. O cosechan dólares y euros de la cooperación internacional o del turismo vendiendo los aún insondables conocimientos y aportes culturales de los ignorantes.

Los conceptos de etnia, tribu, clan, etc., acuñados por la socioantropología dominante occidental con la finalidad de afianzar la superioridad del blanco y el supuesto atraso de los indios, son altamente racistas porque asumen a las y los indígenas como piezas de museo o costales de huesos de antaño. El Convenio 169° de la Organización Internacional del Trabajo (1987) contiene aún este enfoque.

Producto de la resistencia indígena ante la colonización, las repúblicas y la neocolonización, las Naciones Unidas, en la década de los 90 del pasado siglo, consensuó el concepto de pueblo (comunidades con historias vivas) para referirse a las y los indígenas (originarios) en el mundo. Y la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos Indígenas (2007) contiene esta orientación ideológica, y afianza el derecho a la autodeterminación de indígenas como pueblos. Éste es el sentido genuino de la celebración del Día Internacional de Pueblos Indígenas. 

Para ser pueblo indígena no es suficiente con compartir historia, idioma, espiritualidad, cultura y consanguinidad común. Ante todo, es necesario cohabitar en territorios ocupados por los ancestros desde antes de la colonia. Es decir, la condición básica para ser pueblo indígena es su sentido de pertenencia histórica a la tierra y territorio (modo de interactuar con la comunidad cósmica). Se es pueblo indígena, no sólo porque se comparte una tradición, sino porque se cohabita e interactúa en y con un territorio ancestral. De este sentido de pertenencia ancestral a la Tierra nacen las identidades indígenas. Por tanto, no cualquier comunidad cultural u organización campesina puede ser asumida como pueblo indígena.

La autoafirmación de indígenas como pueblo trastoca todos los enfoques históricos que abordaron de forma inconclusa la problemática del indio. En la colonia, desde un enfoque de la antropología creacionista, se debatió la condición humana del indígena. Teóricamente se asumió que las y los indígenas somos humanos (conde derecho al Bautismo), pero el sistema colonial cristiano nos aniquiló como a no humanos. En la etapa republicana, desde un enfoque económico, se debatió que el régimen de la distribución y propiedad de la tierra era el meollo del problema del indio, pero los republicanos (liberales y conservadores) afianzaron el régimen del gamonalismo y la servidumbre indígena como combustible para mover los engranajes del sistema republicano. El mayor esfuerzo que hizo la República para con el indio (al no poder aniquilarlo) fue asimilarlo mediante los procesos de mestizaje, pero incluso en esto se aplazó.

Y así llegamos al siglo XXI, y la acelerada emergencia de diferentes sujetos colectivos indígenas que diluyen los moldes teóricos occidentales de comprensión y explicación de la realidad indígena. La cuestión indígena, hoy asumida ya no como un factor étnico, sino como una categoría sociopolítica, sacude incluso el sustento teórico del Estado nación y su democracia representativa. Los actuales procesos impulsados por los pueblos indígenas en Los Andes es una evidencia de ello.

El problema del indio no es sólo problema de tenencia de tierra, de educación o de asistencia humanitaria. El problema indígena es, ante todo, el racismo institucionalizado (edulcorado de paternalismo romántico) que trata a las y los indígenas como no sujetos o “ciudadanos” menores de edad en un Estado nación monocultural (ladinocéntrico) Además, nuestro problema está en que las y los indígenas hemos asumido la condición de indio (sumiso, conformista, miedoso, etc.), que el sistema nos ha configurado en el alma, como una realidad natural, y como el único modo de sobrevivencia. Si no levantamos la cabeza, no podremos ni ver, ni soñar con promisorios horizontes que nos depara nuestra emancipación pendiente.

Para romper este lesivo modo de vida, las y los indígenas debemos asumir nuestro derecho a la autodeterminación ya no como una opción, sino como una obligación existencial. No estamos condenados a sobrevivir eternamente como clandestinos sobre nuestra Madre Tierra. No estamos condenados a servir de combustible al Estado nación que jamás existió para nosotros. No fuimos hechos necesariamente para ser cristianos despojados. Nuestro Sur no es el ser mestizos. Devolvamos las tarjetas de identidad a los estados excluyentes y las biblias a las iglesias, y exijamos a que nos devuelvan nuestras tierras y territorios para concertar estados plurinacionales y sociedades interculturales.

Fuente Alainet

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