Entrega de firmas al gobierno alemán: comercio exterior debe respetar derechos humanos

Representantes de Salva la Selva, FIAN y Powershift entregan firmas, petición “Comunidades desplazadas por mina de bauxita en Guinea” Casi 95.000 personas exigen que no se otorguen créditos injustos a costas de las personas y la naturaleza (© Martin Speer FIAN)

18 may 2021

El gobierno alemán fomenta el comercio exterior, pero debe respetar los derechos humanos. Es la exigencia de una petición conjunta de Salva la Selva, FIAN y PowerShift, firmada por 94.460 personas. Con motivo de la segunda lectura del actual proyecto de Ley de la Cadena de Suministro, prevista para esta semana en el Bundestag, las organizaciones piden mejoras urgentes.

94.460 personas exigen al gobierno federal de Alemania que detengan las violaciones de derechos humanos que tienen lugar en el conteto de la extracción de bauxita en Guinea, y que garantice una compensación adecuada a las personas ya afectadas.

Salva la Selva, FIAN y PowerShift entregaron ayer lunes 17 de mayo una petición en el Ministerio de Economía.

El gobierno alemán garantiza a la empresa minera varios cientos de millones de euros en préstamos financieros no vinculados. La bauxita extraída se transforma en Stade, cerca de Hamburgo en aluminio para la fabricación de coches alemanes. 540 representantes de 13 comunidades afectadas han presentado demandas ante el Banco Mundial para obtener reparaciones, desde febrero de 2019.

"En medio de la pandemia, más de 100 viviendas fueron reubicadas del sitio despejado para la mina. Las casas tienen filtraciones, faltan oportunidades para ganarse la vida y no hay acceso adecuado al agua", critica Gertrud Falk, de FIAN. "El gobierno alemán debería haber intervenido antes. Ahora, debería apostar decididamente por una compensación basada en los derechos humanos en el proceso de mediación ante el Banco Mundial".

"El daño medioambiental de la minería de bauxita sobre el terreno es inmenso. La empresa minera no ha renaturalizado las zonas destruidas donde se reasentó a la población. No se ha planificado lo suficiente la reforestación del área del nuevo pueblo, dejándolo a la población local", añade Marianne Klute, de Rettet den Regenwald/Salva la selva.

"En vistas a la Ley de la Cadena de Suministro, es incomprensible que el gobierno alemán no haya hecho todavía sus propios deberes", afirma Michael Reckordt, experto en materias primas de PowerShift. "El hecho de que el gobierno alemán garantice préstamos de cientos de millones pero no exija la diligencia debida en materia de derechos humanos es un escándalo. Tendría que haber estado informado de este caso en una fase más temprana. Para evitar estos casos en el futuro, la Ley de la Cadena de Suministro debería asegurar una exclusión de la promoción del comercio exterior para empresas que no cumplan con la debida diligencia en materia de derechos humanos".

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En contexto

El gobierno de Alemania apoya la ampliación de la mina de bauxita en Guinea con una garantía para préstamos financieros no vinculados (garantía UFK) por un importe de casi 250 millones de euros. Así, consigue un préstamo del banco alemán ING-DiBa, que a su vez es el prestamista de la Compagnie de Bauxites Guinée (CBG), un consorcio internacional que explota bauxita en la región de Boké desde 1973.

En el pasado, esto ha provocado repetidamente robo de tierras, destrucción del medio ambiente y violaciones de derechos humanos. Al garantizar los préstamos, el gobierno alemán también tiene parte de culpa de las desastrosas consecuencias sociales y ecológicas, ya que una condición previa de cualquier garantía de UFK es que se cumplan todas las normas internacionales pertinentes en materia de medio ambiente, sociedad y derechos humanos. Al parecer, el gobierno federal no realizó adecuadamente verificaciones de antemano.

En febrero de 2019, 540 personas de 13 comunidades afectadas en la zona minera,, presentaron junto con organizaciones de la sociedad civil reclamaciones ante el Defensor del Pueblo (CAO) de la Corporación Financiera Internacional (CFI), que también participa en el proceso de préstamo. Las partes afectadas acusan a la CFI de no supervisar adecuadamente las operaciones de la minera y el cumplimiento de sus promesas, y de violar así sus propias normas sociales y medioambientales.

A pesar de la pandemia de coronavirus, los desplazamientos forzados continúan en Guinea: el 21 de marzo de 2020, cientos de personas se vieron obligadas a abandonar el pueblo de Hamdallaye. Los residentes y periodistas locales informaron de condiciones caóticas: por ejemplo, una viuda con siete hijos tuvo que alojarse en casa de unos parientes porque no había ninguna vivienda prevista para ellos en el nuevo pueblo.

Importantes deficiencias en el nuevo pueblo construido

El reasentamiento está localizado en un antiguo sitio no restaurado de extracción minera. El acceso a agua potable es difícil, en parte porque CGB sólo ha instalado seis grifos en el pueblo. Una persona afectada dijo a FIAN que tiene que caminar cien metros hasta el grifo más cercano.

La situación en el centro de salud es aún más catastrófica: aunque se ha construido un edificio, no hay personal médico ni medicamentos.

Para las personas afectadas, la pérdida de ingresos es un problema adicional: las nuevas tierras no pueden utilizarse para la agricultura, por lo que tienen que buscar tierras adecuadas lejos. Esto afecta a las mujeres de manera especialmente crítica, ya que apenas pueden encontrar trabajo fuera de la agricultura.