Banco Mundial, palma aceitera y violaciones de derechos humanos en Honduras

Campesinos reivindican acceso a la tierraConflictos de tierras continuos en el Bajo Aguán, Honduras

29 ene 2014

A instancias de organizaciones hondureñas e internacionales, la oficina del ombudsman del Banco Mundial (CAO) inició una investigación sobre la financiación a una compañía productora de aceite de palma en Honduras, llamada corporación Dinant. La investigación se hizo pública a finales de 2013 y está dando mucho que hablar.

La corporación hondureña Dinant pertenece a uno de los -según la prensa local- magnates más poderosos del país y se dedica entre otros negocios a la producción de aceite de palma a escala industrial, para lo que ha ido acaparando una gran extensión de tierras anteriormente en manos de pequeños campesinos. La investigación del Banco Mundial recogía denuncias de que este empresario había “conducido, facilitado o apoyado desplazamientos forzosos de campesinos en el Valle del Aguán” debido al “uso inapropiado de fuerzas de seguridad privadas y públicas bajo el control o la influencia de Dinant”.

A pesar de los préstamos que estaba concediendo a la citada empresa, la Corporación Financiera Internacional CFI del Banco Mundial habría -según su propio CAO- “fallado en identificar y responder apropiadamente a la situación de Dinant en el contexto de la situación política y de seguridad en declive en Honduras tras la expulsión del presidente Zelaya en 2009”. Dicha falla es sorprendente, debido al “gran volumen de información de acceso público de que se disponía en el momento en que IFC se comprometió con esta inversión”. Además, y siempre según el informe de CAO “IFC no exigió la realización de un análisis adecuado de las causas de los graves incidentes que se estaban produciendo en torno al proyecto”.

Las organizaciones sociales y de derechos humanos pusieron de manifiesto que el IFC estaba haciendo descaradamente la vista gorda a sus propias políticas corporativas y de sostenibilidad, al financiar incomprensiblemente con millones de dólares a un empresario involucrado según numerosas fuentes en muchas y gravísimas violaciones de derechos humanos. “Entre enero de 2010 y mayo de 2013 hubo por lo menos 102 asesinatos de personas afiliadas al movimiento campesino en el Bajo Aguán, y denuncias específicas que vinculaban 40 de estas muertes a fincas de Dinant, a sus guardias de seguridad o a su empresa contratista de servicios de seguridad”, relata el informe del CAO.

Según las investigaciones de CAO, el banco estaría priorizando de tal forma la expansión de los agronegocios, que el interés económico estaría primando enteramente por sobre lo ambiental y lo social. En el plano de los procedimientos, la CAO concluye que hubo deficiencias en la implementación de las propias políticas y procedimientos del Banco Mundial en cuanto a la financiación de sus proyectos y deficiencias en la supervisión de este proyecto en momentos críticos.
Las organizaciones campesinas del Valle del Aguán en Honduras exigen que el Banco Mundial no financie corporaciones y proyectos que resulten en la monopolización de recursos naturales y desplazamiento de comunidades locales e indígenas.

Por su parte, las ONGs internacionales que a pesar de las dificultades de seguridad han dado seguimiento a la situación, concluyen que IFC estaba consintiendo la financiación de tal proyecto en Honduras a pesar de tener suficiente información de los riesgos sociales y ambientales que comportaba.

Exigen además que se cancele cualquier crédito adicional a Dinant, incluyendo el pago pendiente de 15 mill US$, que se haga eco de los reclamos de los campesinos afectados por el conflicto de tierras de largo alcance, y que implemente un mecanismo de consulta que involucre a las organizaciones campesinas y corrija las evidentes eficiencias de su actual sistema, ya que el análisis del IFC de sus propios errores no contempla esta dimensión inclusiva.

Ya en 2011, el gigante energético francés EDF y el banco público alemán fueron más consecuentes al decidir no seguir participando en los proyectos de la palma de la misma empresa hondureña y cancelar sus créditos.

El CAO del Banco Mundial concluye haber identificado fallos sistémicos que hacen necesario para la institución hacer un profundo análisis de sus estructuras y hace imprescindible modificarlas. Pero las organizaciones sociales y ambientales como Salva la Selva van más allá al “cuestionar profundamente este sistema basado en lo macroeconómico que favorece grandes proyectos que concentran los recursos y el dinero en manos de grandes empresarios y terratenientes a instancias de los modos de vida basados en el pequeño campesinado y de dimensión local”. No hay que olvidar que existen en Honduras más de 300.000 mil familias campesinas sin tierras, y esa es la situación que necesita desde hace décadas una solución.


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Fuentes y más información (en inglés):

Informe de Auditoría de la IFC sobre la Corporación Dinant S.A. de C.V., Honduras, 201 de diciembre de 2013

Respuesta de la IFC al informe de Auditoría de la CAO

Presidente Kim responde a las preocupaciones de la sociedad civil sobre las inversiones del sector privado, con mención a Honduras


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