Violaciones a derechos humanos en litigios del Tren Maya

Personas afectadas por el nuevo trazado del Tren Maya, junto a las vias previamente existentes © CEMDA

21 oct 2021

El Tren Maya en México continua siendo un proyecto controvertido. El Poder Judicial no garantiza un efectivo acceso a la justicia en los litigios que se han iniciado contra el mismo. Después de 15 meses de comenzar los procesos judiciales, algunos siguen a la espera de ser admitidos.

El organismo a cargo Fonatur habría deforestado más de 144 hectáreas de terrenos forestales, sin las autorizaciones respectivas en materia de cambio de uso de suelo en terrenos forestales, y violando diversas medidas cautelares concedidas por diversos órganos jurisdiccionales.

Comunidades indígenas, campesinas, urbanas y costeras de los estados de Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, así como organizaciones de la Península de Yucatán denunciaron que el Poder Judicial de la Federación no ha garantizado un efectivo acceso a la justicia en los litigios que han emprendido en contra el denominado “Tren Maya”.

En conferencia de prensa, representantes de las organizaciones Indignación A.C., Kanan Derechos Humanos A.C., Centro Mexicano de Derecho Ambiental, A.C. (CEMDA) y el Consejo Regional Indígena y Popular de Xpujil (Cripx), así como la abogada y activista Kalycho Escoffié -quienes han acompañado a las personas en los procesos judiciales contra el citado proyecto-, exhibieron que ha prevalecido dilación de los juicios, desacato de las suspensiones y falta de sanción a las autoridades responsables, todo lo cual constituye violaciones a sus derechos humanos.

Desde enero pasado del 2020, comunidades de la Península Yucatán, colectivos y organizaciones de la sociedad civil han interpuesto demandas en contra del “Proyecto de desarrollo Tren Maya”, en las que se reclaman violaciones a sus derechos humanos ambientales, derecho a la consulta y consentimiento de los pueblos indígenas, derecho a la vivienda, derecho a la salud, a la información pública, entre otros.

Sin embargo, después de 15 meses de iniciar los procesos judiciales, algunos amparos siguen a la espera de ser admitidos, puesto que los juzgados han remitido los expedientes de un estado a otro. Uno de estos amparos transitó de los juzgados de CDMX a Campeche, y en Campeche se envió una parte a Quintana Roo y a Yucatán, pues los juzgados argumentaron que no podían conocer del asunto y que les correspondía a otro juzgado.

Cuando finalmente se definió el juzgado competente, el Consejo de la Judicatura Federal, a petición de Nacional Financiera y sin avisar a las promoventes de los amparos, decidió que todos los asuntos relacionados con el Tren Maya fueran conocidos por el Juzgado Primero de Distrito en Yucatán, por lo que ahora, después de más de un año de promovidos, se está a la espera de que la totalidad de actuaciones lleguen a dicho juzgado, para poder tener una admisión completa de la demanda, generando una situación de denegación de justicia.

Asimismo, se han presentado pruebas periciales, solicitud de medidas cautelares y ampliaciones de demanda, sin que hasta el momento el Juzgado Primero de Distrito se haya pronunciado sobre las mismas; esta situación deja sin posibilidad de ejercer su derecho de acceso a la justicia a muchas comunidades, pueblos y colectivos que consideran, con razones sólidas, que el proyecto denominado “Tren Maya” es contrario a los derechos humanos y hace evidente que el Poder Judicial de la Federación se está limitando a si mismo en su actuar en violación al estándar fijado por el Acuerdo de Escazú.

Por otra parte, se realizaron sobrevuelos en los tramos del proyecto Tren Maya particularmente en diversos municipios de Yucatán, Campeche y Quintana Roo, observando actividades al margen de la ley, como es el caso de la remoción de vegetación forestal, apertura de caminos y bancos de materiales pétreos, entre otras.

A partir de los resultados de los sobrevuelos, se contrastaron dichas imágenes con las satelitales correspondientes a un año antes, lo que dio como resultado que se han realizado cambios de uso de suelo en terrenos forestales en al menos 144 hectáreas de selva maya. Igualmente, se realizaron solicitudes de información, en la que las propias autoridades indicaron -en respuestas oficiales- que las zonas “no cuentan con permisos de cambios de uso de suelo en terrenos forestales vinculadas al proyecto “Tren Maya”.

Esto constituye una violación directa al derecho a un medio ambiente sano pues, al no existir estudios ni autorizaciones que justifiquen la viabilidad de desmontar terrenos forestales, existen riesgos y daños ambientales que vulneran nuestro derecho fundamental a un medio ambiente sano, sobre todo cuando estos ecosistemas nos brindan servicios ambientales.

Asimismo, de estos sobrevuelos se pudo constatar que el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) sigue trabajando en toda la ruta del proyecto realizando actividades que van más allá de rehabilitación de las obras existentes, lo que constituye una violación a las suspensiones que los Juzgados de Distrito y Tribunales Colegiados han otorgado a favor de las comunidades, colectivos y organizaciones, en las que se obliga a las autoridades ha abstenerse de ejecutar obras nuevas con relación al proyecto Tren Maya.

Por último, se manifiesta que, aunque se ha modificado el trazo del proyecto en algunas poblaciones como Campeche y Mérida para evitar desalojos, en comunidades mayas continúa el proceso de desalojo forzoso, e incluso se ha presionado a pobladores que han presentado amparos para que entreguen sus terrenos bajo la promesa de recibir después casas nuevas, en la mayoría de los casos sin garantías o convenios que les den certeza jurídica. ¿Dónde están las autorizaciones de impacto ambiental de estos nuevos trazos?

Exigimos que el Poder Judicial garantice el respeto de nuestros derechos humanos y actúe con celeridad y diligencia, pues en los diferentes procesos de defensa que se han interpuesto en la Península de Yucatán están ocurriendo muchas dilaciones procesales, desacato de las suspensiones y falta de sanción a las autoridades responsables.


Suscriben

Consejo Regional Indigena y Popular de Xpujil

Indignación Promoción y defensa de los derechos humanos

Centro Mexicano de Derecho Ambiental A. C. (CEMDA)

Kanan Derechos Humanos

Kalycho Escoffié

Adhesiones:

  • Academia Mexicana de Derecho Ambiental A.C.
  • Acción Ecológica A.C.
  • Artículo 19 Oficina para México y Centroamérica
  • Articulación en re-existencia
  • Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio
  • Asamblea de los Pueblos del Istmo en Resistencia (APIR)
  • Asociación para el Desarrollo Ecosocial de Mujeres AC (ADECAM)
  • Campaña Global “El Istmo es nuestro”
  • CartoCrítica – Investigación, mapas y datos para la sociedad civil
  • Casa del Agua Nahil Ha, A.C.
  • Casa Wayuu, A.C.
  • Centinelas del Agua A.C.
  • Centro Comunitario U Kúuchil K Ch’i’ibalo’on
  • Centro de Derechos Humanos – Espacios para la defensa, el florecimiento y apoyo comunitario
  • Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan
  • Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, A.C. (Centro Prodh)
  • Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos (CIEDH)
  • Centro para la Diversidad Biológica
  • Colectiva Indomitas
  • Colectivo Xa’ aybej
  • Colectivo Xochimilco Vivo
  • Concejo de Mujeres Autónomas
  • Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha A.C. (Código DH)
  • Comité por la Defensa de los Pueblos Indígenas
  • Comunidad Indigena Nahua Santa Maria Ostula
  • Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible A.C.
  • Coordinación de Pueblos, Barrios Originarios y Colonias de Xochimilco
  • Coordinación de Pueblos Unidos en Defensa de la Energía Eléctrica (CPUEDEE)
  • Coordinadora Regional de Acción Solidaria Huasteca – Totonacapan (CORASON)
  • Corriente del Pueblo Sol Rojo
  • Defendiendo el derecho a un Medio Ambiente Sano, A.C.
  • Espacio OSC para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, conformado por: ARTICLE 19 México y Centroamérica; Casa del Migrante Saltillo; Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA); Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan; Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL); Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos); Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH); Comunicación e Información de la Mujer A.C. (CIMAC); Consorcio Para el Diálogo Parlamentario y Equidad, Oaxaca A.C; Instituto de Derecho Ambiental A.C. (IDEA); JASS Asociadas por lo Justo; Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (RedTDT); SMR Scalabrinianas, Misión con Migrantes y Refugiados; Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz). El Espacio OSC está acompañado por Brigadas Internacionales de Paz (PBI).
  • Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua Morelos, Puebla y Tlaxcala (FPDTA – MPT)
  • Fundación para el Debido Proceso (DPLF)
  • Grupo Focal de Organizaciones de la Sociedad Civil sobre Empresas y Derechos Humanos
  • Grupo Gema del Mayab A.C.
  • Grupo TGE, Territorio, Género y Extractivismo
  • Grupo Tortuguero del Caribe A.C.
  • Iniciativas para el Desarrollo de la Mujer Oaxaqueña
  • La Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa Ambiental (LAVIDA)
  • Movimiento Agrario Indigena Zapatista (MAIZ)
  • Mujer y medio ambiente A.C. (MMA)
  • Moce Yax Cuxtal A.C.
  • Observatorio Latinoamericano de Geopolítica
  • Oxfam México
  • Pobladores Oaxaca A.C.
  • Proceso de Articulación de la Sierra de Santa Marta
  • Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER)
  • Puerto Morelos Sustentable
  • Red de Género y Medio Ambiente
  • Red de Radios comunitarias del Sureste de México
  • Red de Resistencia Civil de Oaxaca y Veracruz
  • Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos «Todos los Derechos para Todas y Todos» (Red TDT). Conformada por 86 organizaciones en 23 estados de la República Mexicana.
  • Red de Formadores Socioambientales
  • Red Morelense de apoyo al CIG – CNI nuestra alegre rebeldía
  • Red Nacional de Resistencia Civil
  • Resistencia Civil de Candelaria Campeche
  • Servicios para una Educación Alternativa A.C. (EDUCA)
  • Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad Autónoma de Chapingo
  • Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo (UCIZONI)
  • Unión de Organizaciones de la Sierra Juárez de Oaxaca
  • Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA-OAXACA)
  • Voces Unidas de Puerto Morelos
  • Alejandra Serrano Pavón, abogada ambientalista
  • Araceli Domínguez, ambientalista
  • Carlos Chablé Mendoza, cronista de Felipe Carrillo Puerto, Q. Roo
  • Elisa Cruz Rueda
  • Ezer May May, poblador de Kimbilá.
  • Flora Guerrero Goff Guardianes de los Árboles A.C.
  • Gisela Espinosa, académica
  • Hilda Salazar Ramírez
  • Larisa de Orbe González, Academia Mexicana de Derecho Ambiental A.C
  • Lourdes Godínez Guevara
  • Luis Zambrano Gonzalez
  • Miriam Corona Rangel, Acción Ecológica A.C.
  • Patricia Godínez, ambientalista
  • Yanira Green Ruiz, Doctora en ciencias.