Panamá: escuchar a un pueblo indefenso

No explotación minera, dicen
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Los indígenas ngäbe exigen la prohibición de la explotación minera y de la construcción de hidroeléctricas en su selva. Dos muertos, heridos, detenidos, estado de sitio no declarado abiertamente, el corte de las comunicaciones. Todo ello impuesto por un gobierno al que acusan de empresarial y racista. Por favor, firmar una carta y difundir la información.

Petición

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Con la destrucción del Cerro Colorado, los indígenas panameños ngäbe perderían lo último que les queda: su tierras y selvas. Durante siglos han estado relegados y arrinconados en los cerros centrales, zonas que parecían menos propicias para la industria ganadera y agrícola. Habitan en las provincias de Veraguas y Bocas del Toro. Sobreviven como trabajadores agrícolas y están entre los más pobres del país. Ahora resulta que justo ahí se albergan los valiosos oro y cobre que ponen el signo del dólar en los ojos de las empresas mineras.

Aunque la población de las zonas mineras del continente son también las más pobres, el despojo se anuncia en nombre del "desarrollo del país". Para justificar la represión, el gobierno panameño falseó los hechos al insinuar que los indígenas habían secuestrado a turistas, quienes en realidad quedaron varados en la carretera. Una campaña mediática sirvió para culpar al movimiento de protesta de las grandes pérdidas económicas con afirmaciones como "se está afectando la imágen del país" o "se está atentando contra las inversiones extranjeras".

Pero también la solidaridad popular de otras etnias y movimientos salió a relucir y se multiplicaron las protestas en diferentes partes del país. El problema no es sólo de los ngäbe. Un 44% del territorio está solicitado o en trámite de concesión para explotaciones mineras. Se pide solidaridad internacional urgentemente para circular y denunciar lo que está pasando. Pueden firmar esta carta que encuentran en el recuadro blanco, completando el formulario más abajo con sus datos y ayudar a difundir. Gracias.

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Carta

Sr. Presidente Martinelli:

Estoy sumamente preocupado por lo acontecido en diferentes puntos en los territorios indígenas de Panamá Occidental, como Vigui, San Felix, Horconcitos, Chiriqui Grande, Guabito y Changuinola.

La intervención violenta de la Policía Nacional difundida a través de los medios de comunicación muestra imágenes de suma violencia desatada con la represión policial, así como de al menos un muerto, heridos de diferente consideración y detenidos.

De cara a la opinión pública internacional, los ngöbes dan una lección de dignidad, de compromiso y de fe en sus reinvindicaciones. A ellos no les queda nada que perder. Su lucha es por la vida.

Expreso mi solidaridad con el pueblo y los lideres Ngäbe y con las movilizaciones de protesta. Exijo junto a las organizaciones que se detenga la represión, se atienda a los heridos, se libere a los detenidos. La(s) muerte(s) deben ser investigadas a fondo y los responsables castigados severamente.

El Movimiento Popular Unificado (MPU), los sindicatos, las organizaciones populares, de derechos humanos, los ambientalistas, la sociedad civil y la dirigencia de la Coordinadora de Lucha Ngabe-Buglé exigen algo simple: que su gobierno respete su compromiso formalizado en los acuerdos firmados el año 2011, que prohíbe la minería e hidroeléctricas en la comarca, y que respete la ley. y el acuerdo de San Lorenzo alcanzado hoy 8 de febrero. Respételo.

El gobierno panameño debe cumplir la suscrita Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (13 de septiembre de 2007), la propia Ley 41 de 1 de julio de 1998 sobre tierras comarcales, y el Convenio 169 de la OIT, que no ha sido ratificado, todas las cuales señalan con claridad que la explotación de los recursos naturales de las comarcas debe hacerse en acuerdo con las comunidades y las autoridades naturales de la comarca.

Respete la vida humana y la naturaleza.

Atentamente,

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