Multinacionales acechan la Selva Lacandona: indígenas violentamente expulsados
Intereses corporativos multinacionales codician los recursos naturales estratégicos de la Selva Lacandona. Al mismo tiempo, el gobierno de Chiapas difunde ambiciosos planes de rodear la Selva Lacandona con monocultivos de palma africana, circuitos que se quieren disfrazar de “eco”-turismo y otros. Para dejar “vía libre” a estos proyectos, iniciaron agresiones y despojo sobre las comunidades indígenas.
PeticiónLos días 21 y 22 de enero de 2010, fueron desalojadas sin previo aviso las comunidades indígenas tseltales Laguna El Suspiro ó El Semental y Laguna San Pedro o San Pedro Guanil, ambas en la Reserva de Biósfera de Montes Azules, Selva Lacandona dentro del municipio de Ocosingo. Montes Azules alberga la quinta parte de la diversidad biológica mexicana. Según informó el diario La Jornada, el desalojo fue acordado el martes 19 de enero pasado, cuando el titular de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) visitó Chiapas. Horas después, cientos de policías y militares sacaron a unas 20 familias indígenas (unas 120 personas) que habitan la zona. Fuentes gubernamentales, informaron que el operativo realizó en coordinación entre la policías federales, efectivos del Ejército Mexicano y personal de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), así como paradójicamente con la presencia de “representantes de Derechos Humanos del estado”, sin especificar. Nuestra interpretación es que el gobierno mexicano utiliza falsos “representantes de derechos humanos” para cometer violaciones de derechos humanos en contra de los indígenas. Durante ambos operativos las fuerzas policiales se presentaron en varios helicópteros y estuvieron fuertemente armados. Sin mostrar ningún documento oficial ni orden judicial, y en medio de violencia y amenazas contra hombres, ancianos, mujeres y niñas –os, obligaron los pobladores a abandonar sus casas sin permitirles cargar pertenencia alguna, trasladándolos a la ciudad de Palenque. Allí, doce (12) pobladores de Laguna San Pedro Guanil fueron llevadas al ministerio público, para ser interrogados sin apoyo de abogado defensor ni traductor. Al término de la diligencia les hicieron firmar un documento sin conocer el contenido del escrito. Según explicaron, de forma intimidatoria se les insistía en que respondieran a la pregunta: “¿donde tenía la tierrita con siembra de droga?”, argumento con el que evidentemente intentará el gobierno justificar el desalojo a posteriori. Los pobladores reportan que numerosas pertenencias como sus viviendas, ropa y herramientas de trabajo fueron destruidas, los árboles frutales, y cultivos de maíz y frijol derribados y la tienda cooperativa saqueada. Testigos de la región han informado que tras los desalojos, las casas y pertenencias en los poblados fueron quemadas. Hasta el momento no se les ha dado una alternativa de reubicación. Los desalojos violentos y las reubicaciones forzosas ejercidas con anterioridad casi 40 comunidades, por la administración actual y anteriores, se enmarcan en una política de reordenamiento y de despeje territorial emprendido en la Selva Lacandona, y particularmente en la zona de Montes Azules. Así, el Estado mexicano promueve el despojo social y la incertidumbre jurídica sustentados además en su promoción del enajenamiento de la propiedad original comunitaria a favor de la propiedad privada, lo que implica la pérdida irreversible la función comunitaria de la tierra como fuente de abastecimiento. Tanto el gobierno federal de México como el gobierno chiapaneco se justifican calificando como “poblados irregulares”, “invasores” y “depredadores” a todos los poblados tseltales, tsotsiles, ch´oles y tojolabalesde la Zona Lacandona. Se prevee que los desalojos continuarán. Varios de los poblados que vienen siendo barridos son bases del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN). La organización ambientalista Amigos de la Tierra acusa al gobernador de Chiapas de entregar “la tierra y el territorio de Chiapas al mejor postor”. Los desalojos se explican bajo la perspectiva de la estrategia global de “despeje y control territorial”, que disfrazada de “espíritu conservacionista para beneficio de la humanidad” (ó como dijera el Secretario de Gobierno: “… por el bien de Chiapas, por el bien de México y por el bien del mundo en materia ecológica”) responde en realidad a los intereses corporativos multinacionales y de la inversión privada en los recursos naturales estratégicos de esta y otras regiones indígenas y campesinas de México y Mesoamérica: biodiversidad, cubierta forestal, agua dulce no contaminada, bellezas escénicas y minerales, todos ellos recursos ambicionados por empresas de los sectores biotecnológico y agroalimentario (Monsanto, Pioneer, Novartis; Bimbo); farmacéutico (Pharmacia; Baye; Phizer; Sanofi Adventis); automotriz y petrolero (Ford Motors Co; General Motors; Shell; Federación Internacional Automotriz (FIA)); de embotelladoras (Coca Cola; Nestlé; Pepsi Cola); hoteleras y de falso “ecoturismo” (Asociación Mexicana de Turismo de Aventura y Ecoturismo - AMTAVE)), así como minero (CEMEX y el propio PEMEX)), varias de las cuales llevan años con una presencia directa o indirecta en la Selva Lacandona. Al mismo tiempo, el gobernador de Chiapas, Juan Sabines impulsa para la región Selva de Chiapas, el ambicioso programa de reconversión productiva que incluye programas de expansión del cultivo de palma africana, aspirando a convertir a Chiapas en uno de los mayores productores de agrocombustibles, con todos los impactos que esto conlleva. En vista de estas amenazas para el auténtico desarrollo de los pueblos indígenas y comunidades campesinas, varias organizaciones con presencia en Chiapas han reclamado el cese inmediato de los desalojos y con esa finalidad se organizó para los días 6 y 7 de marzo el “Foro Social de los Montes Azules por la defensa de nuestros derechos a la vida y al territorio” a realizarse en el ejido Candelaria con presencia de delegados internacionales y medios de comunicación. En esta acción, agradecemos al Grupo B.A.S.T.A. de Münster por su inspiración epistolar. Más información de seguimiento del caso.
Más informaciónDurante el transcurso de esta acción, Salva la Selva recibió contestación de parte la Directora de la Comisión Nacional de Derecho Humanos (Secretaria Ejecutiva, Direccion de ONG Internacionales). Según la contestación recibida, dicha Comisión "inició el expediente CNDH/4/2010/545/Q, el cual fue asignado a la Cuarta Visitaduría General de esta Comisión, mismo que se encuentra en trámite a la fecha y será resuelto conforme a Derecho". Declaración del Foro Social de los Montes Azules, realizado el 5 y 6 de Marzo de 2010 en el Ejido Candelaria tras los desalojos. Actualización: Nuevas amenazas de desalojos en Chiapas: Gobierno cambia límites de biosfera para nuevos desalojos: zapatistas
Al presidente de México, señor Felipe Calderón.
A las autoridades del Estado de Chiapas Juan Sabines Guerrero, Noé Castañón, Agr. Abelardo Escobar Prieto, Juan Rafael Elvira Quesada, Ernesto Enkerlin, Patricio Patrón Laviada, Jesús Caridad Aguilar, Lourdes López Moreno, Lic. Juan Carlos Moreno Guillen y a todas y todos los responsables y cómplices de los recientes hechos ocurridos en Montes Azules.
A la población de México.
Dicen que a las y los indígenas que habitaban la laguna de San Pedro de Guanil, bases zapatistas del Municipio autónomo Ricardo Flores Magón y de El Suspiro les están por reubicar.
Que la intervención del pasado 22 de enero era necesaria para salvar el ecosistema de las manos de sus pobladores.
Dicen que los operativos han sido pacíficos.
Que a estas tierras les esperan promisorios proyectos ecoturísticos y excelentes resultados por la reconversión productiva, como usted denomina a la expansión de la palma aceitera sobre la selva, argumentando que lo hacen “por el bien del mundo en materia ecológica”.
Pero no dicen que la orden fue incendiar sus casas, despojándoles de sus bienes más elementales, acabando con todo en cuestión de pocas horas. Que estas mujeres, hombres, niñ@s y ancian@s han sido expulsados de sus viviendas, arrancados de su suelo, despojad@s de sus herramientas, de sus fuentes de trabajo y subsistencia, de sus costumbres, desconociéndose incesantemente la legitimidad de sus derechos, de la manera más cruel.
Que asistieron al sitio acompañados centenares de federales armados, unos cuántos helicópteros, y periodistas que no darían cuenta sensata de lo que serían testigos.
Que una parte de esta población fue trasladada a Palenque obligada por el horror de las circunstancias.
Que las y los habitantes de El Suspiro se vieron forzados a abandonar su comunidad y refugiarse en el monte y que cuatro mujeres se encuentran hasta el momento desaparecidas. Que sus familias están desesperadas reclamando por su paradero en una región aislada geográficamente y sin acceso a medios de comunicación.
Que su política de “privatización conservacionista”, de “verde filantropía” y de mercantilización de la Naturaleza, está impulsada por organismos multilaterales, financieros y de cooperación internacional con su complicidad.
Que la expansión en la Selva lacandona, de plantaciones comerciales de una planta exótica como la palma africana pone en riesgo la altísima biodiversidad de la región, además de que por su forma de cultivo, envenena los suelos y los caudales de agua dulce con fertilizantes y agroquímicos
¿Qué lugar presumen estar asignándoles a seres humanos sujetos a ser “reubicados“?
¿En manos de quiénes están los proyectos que verdaderamente están devastando la selva y privatizando sus valiosos recursos naturales?
Señor Felipe Calderón: Son estas las medidas „responsables y oportunas“ que acelerarán el cumplimiento del objetivo de su gobierno de convertir a México „en uno de los mejores destinos de inversión en el mundo“? Son estos los costos de las condiciones “propicias y amigables“ que le promete a sus transnacionales inversionistas, según descaradamente declara a la prensa?
A las autoridades responsables que impulsan, ejecutan y respaldan estos crímenes de Estado, exhortamos a que se recapacite urgentemente sobre las medidas que el gobierno de México está poniendo en marcha en relación a los proyectos supuestamente ecoturísticos en tierras indígenas y las brutales consecuencias que éstos representan para sus pobladores.
Repudiamos el permanente hostigamiento al que se han expuesto y continúan exponiendo las comunidades amenazadas y desalojadas de sus tierras.
¡Exigimos la aparición inmediata y con vida de las mujeres desaparecidas en El Suspiro!
Reclamamos la inmediata devolución de las tierras arrebatadas a las y los pobladores San Pedro Guanil y El Suspiro el pasado 22 de enero, y de las restantes comunidades de Montes Azules que han sido expulsadas anteriormente, mediante el desalojo o la reubicación forzosa.
Exigimos la indemnización de cada afectada y cada afectado por los irreparables daños causados en todos los desalojos que han tenido lugar como parte de la cínica “estrategia de desarrollo“ de la Selva Lacandona impulsada por el gobierno mexicano.
Exigimos alto a los monocultivos de plantaciones de palma africana, que no son bosques, y que agudizan los gases efecto invernadero, envenenan el suelo y el agua y desplazan a comunidades originarias de sus tierras y territorios.
Éxitos actuales