Ayuda urgente y solidaridad con el colectivo YASunidos: Defender la selva no es un crimen

¿De qué se trata y quiénes son YASunidos?

El colectivo YASunidos surgió en 2013, con un objetivo claro: proteger la selva amazónica del Parque Nacional Yasuní —una de las zonas con mayor biodiversidad del planeta— y dejar para siempre en el subsuelo el petróleo que se encuentra allí (bloque de concesión 43 o ITT). Yasuní es también el hogar de pueblos indígenas, incluídos grupos que viven en aislamiento voluntario.

Tras años de trabajo y de lograr una victoria histórica para el Ecuador y el mundo en una Consulta Popular en 2023 que logró medidas fundamentales para que efectivamente el petróleo quede bajo tierra protegiendo así el lugar más biodiverso del mundo, el colectivo YASunidos enfrenta la persecución institucional y la criminalización.

Lamentablemente, el Gobierno se niega a respetar la voluntad popular y a poner fin a la extracción de petróleo en Yasuní. Por eso, YASunidos sufre este ataque: la persecución y la criminalización institucionales. Mediante un proceso judicial abusivo, se pretende intimidar a los miembros de YASunidos y dejarlos sin recursos económicos.

Se les está procesando mediante una demanda SLAPP por ejercer su derecho a la participación y defender causas de interés público, como la protección de la selva tropical y los derechos humanos. SLAPP significa en inglés «bofetada» y son las siglas de «demanda estratégica contra la participación pública» (Strategic Lawsuit Against Public Participation).

La sanción es inapelable. Los activistas de YASunidos trabajan de forma voluntaria y los gastos materiales de las campañas se financian con donaciones, entre ellas las de Salva la Selva. La iniciativa ciudadana no dispone de los medios necesarios para pagar esta multa injusta.

¡No permitamos que se castigue el compromiso con la protección de la naturaleza!

Cada contribución, por pequeña que sea, ayudará a proteger la democracia y la naturaleza en Ecuador.

Síntesis de un caso tan persecutorio como absurdo

Aunque en primera instancia se archivó la causa, tras una apelación, el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) ha impuesto el 7 de abril de 2026 multas por un total de 15.000 euros a dos de sus integrantes. Les dan apenas 30 días para pagar y el plazo se cumple el 14 de mayo 2026.

Esta sanción no es apelable y no es un trámite ordinario; es una judicialización desproprocionada y absurda de la participación ciudadana. El TCE está aplicando reglas diseñadas para partidos políticos tradicionales contra un colectivo de voluntarios que impulsó la primera consulta popular de iniciativa ciudadana y alcance nacional en la historia del Ecuador. Y para hacerlo, se basa en "errores" que rayan en lo ridículo:

• Una diferencia contables de apenas 39 centavos de dólar (!).
• La falta de un estado de cuenta de una cuenta bancarias en cero, que la entidad bancaria no emiten una vez cerrada una cuenta.
• Reparos por no presentar una copia notarizada de un aporte de campaña de 100 dólares, algo que la ley no exige.