Tratado vinculante para las transnacionales en materia de derechos humanos

Niños con máscaras protectoras durante la caminata "Healing Walk" en 2013 contra una mina de arenas bituminosas Muchas personas alrededor del mundo sufren violaciones de derechos por la actividad corporativa (© Zack Embree)

28 oct. 2020

Las corporaciones transnacionales han logrado imponer políticas que les permiten violar los derechos humanos y destruir la naturaleza. El enorme poder que han alcanzado en los parlamentos nacionales e instancias internacionales está logrando un nivel de influencia tal, que permite que actos delictivos asociados a la actividad empresarial queden totalmente impunes.

¿Cómo podemos asegurarnos de que las empresas transnacionales respeten los derechos humanos y la naturaleza? Es lo que busca la Campaña Global Desmantelemos el Poder Corporativo y Pongamos fin a la Impunidad, que como su nombre indica, responde a la situación de impunidad generada en torno a las violaciones de derechos por parte de las actividades de empresas transnacionales.

En el marco de sus movilizaciones anuales, la campaña realizó una rueda de prensa que atendimos desde Salva la Selva. Durante la misma, nos dieron a conocer el estado actual de la propuesta realizada en 2014 de un tratado vinculante internacional, y que está siendo discutiendo el grupo de trabajo intergubernamental sobre corporaciones transnacionales (OIGWG). La sexta sesión de negociaciones está teniendo lugar esta semana en las Naciones Unidas.

La campaña es la impulsora del proceso, pues de no recibir presión desde la sociedad civil, ni siquiera existiría. La misma no puede participar de la discusión misma, pero sí presionar desde afuera. Además, es un momento clave para las discusiones sobre un tratado vinculante ya que se está dando una devaluación de derechos.

Los Estados también son responsables por no garantizar los derechos de la ciudadanía, al favorecer con sus actuaciones u omisiones a las empresas transnacionales en detrimento de las afectadas y afectados por las actividades de las empresas transnacionales. Por eso es urgente un instrumento legalmente vinculante como este, cuyo segundo borrador se encuentra sobre la mesa.

Leïla Chaibi, miembro de la Izquierda Unida del Parlamento Europeo explica que actualmente no existe un instrumento internacional que proteja los Derechos Humanos frente a las actividades empresariales, pero sí existen muchos tratados (hasta 3.400) que protegen los intereses de las empresas. Así por ejemplo, explica que la petrolera francesa Total ha desplazado a miles de familias en el marco de la construcción de infraestructura y sus operaciones petroleras. También hay muchas empresas europeas en el mundo, por ejemplo en México, cuyas actividades han implicado violaciones de derechos. Así cita el ejemplo de la francesa LaFarge, y muchas eólicas, entre las que también se encuentran empresas españolas.

No hay más que ver las denuncias que llevamos a cabo periódicamente desde Salva la Selva, que reflejan casos particulares de empresas destruyendo las selvas tropicales y otros ecosistemas, y atentando contra sus poblaciones. La Comisión Europea no está actuando de manera decidida para detener este tipo situaciones alarmantes. Pero sí avanzan con paso firme a la hora de firmar acuerdos de libre comercio con muchos países. No hay protección para las vidas de las personas en muchos lugares en los que están actuando empresas europeas.

Una de las coordinadoras de la campaña en el sur de África, Keamogetswe Seipato, se pregunta porqué muchas comunidades tienen que enfrentar estas situaciones y soportar las consecuencias negativas de las actividades de las empresas. Ve necesario reducir su poder y obligarlas a rendir cuentas. “Un tratado vinculante nos permitiría participar en el proceso”, señala. Las empresas no pueden quedar impunes. “En el caso de África, las violaciones de derechos son especialmente numerosos, ya sea por parte de empresas mineras, proyectos empresariales vinculados a la construcción de mega infraestructuras y un largo etcétera”, concluye.

Acerca del segundo borrador del tratado, actualmente en discusión, Seipato considera que ha habido algunos cambios, aunque más bien cosméticos, como la introducción de aspectos relativos al género y consideraciones en torno al mecanismo de consulta previa, libre e informada. Pero todavía hay mucho trabajo por hacer y hace falta incluir aspectos como las obligaciones directas.

Charles Santiago es miembro del parlamento de Malasia, y su análisis de la situación lo hace a la luz de la actualidad de la pandemia. El COVID es una horrible catástrofe global y en consecuencia no nos encontramos en un momento “normal”. Se necesitan medicamentos, especialmente una vacuna. Son las empresas las que están encabezando la toma de decisiones fundamentales acerca de cómo y cuándo se van a producir, a distribuir y el precio que van a tener. Con una enfermedad que está afectando al mundo de esta forma, el control sobre los precios y los estándares es fundamental. Una vacuna debería ser un bien común. Es vital entender el alcance de esta situación que lleva a que las farmacéuticas tengan el un control casi total sobre lo relativo a la salud. Mucha gente no va a poder pagar una vacuna y no se puede permitir que sea así. La Covid es un recordatorio constante de que hay muchas cosas que tienen que cambiar. La protección de los derechos humanos es una prioridad y también tiene que serlo durante y después de la pandemia.

La coordinadora de HOMA (Human Rights and Business Center) es Manoela Carneiro Roland, quien reivindica la supremacía y urgencia de los derechos humanos. Lo que busca la campaña es establecer un marco desde el que poder controlar la actividad de las transnacionales. Para proteger los derechos humanos sólo hay actualmente normas voluntarias, pero nada que sea vinculante, obligatorio de cumplir. Conseguir este marco es una cuestión de voluntad política, pues los instrumentos legales que lo hagan posible existen.

Para llenar los vacíos legales existentes, por ejemplo la extra territorialidad, es necesario establecer una serie de definiciones que abarquen todas las relaciones de negocios. Quienes controlan la actividad corporativa tienen que tener y asumir su responsabilidad. Hay que regular toda la diligencia debida, ya que actualmente se apoya únicamente en el auto monitoreo. Se necesitan mecanismos efectivos para responsabilizar y hacer transparentes los procesos de actividad y control. Es necesaria también una corte internacional para juzgar a las transnacionales. Y los mecanismos tienen que ser efectivos y poder combatir la impunidad.

Todos estos temas están sobre la mesa, pero aún se está lejos de alcanzar un resultado final suficiente para responsabilizar a las empresas.

Existen presiones para debilitar e proceso y sobre todo se buscan espacios que permitan a las empresas influenciar todo lo que se dirija a regular sus actuaciones, intentando quitar importancia a un tratado vinculante.

En este momento, la campaña ha podido asegurar que el proceso siga adelante. Pero el gran desafío es su contenido: que quede bien definido tanto el concepto de empresas transnacionales, qué son, sus obligaciones específicas y la inclusión de aspectos relativos a todas las cadenas de suministro. También se requiere la inclusión del alcance de la responsabilidad de personas individuales como directivos, no sólo de personas corporativas, y que también se pueda llevar al terreno penal. La campaña exige el establecimiento de una jurisdicción universal.

Es importante que impulsar aún más los avances conseguidos en los últimos años hasta el resultando final de un tratado vinulante efectivo.

Desde Salva la Selva consideramos vital la existencia de este tratado y desde aquí expresamos nuestro apoyo a la Campaña Global Desmantelemos el Poder Corporativo y Pongamos fin a la Impunidad.

Más información:

https://www.stopcorporateimpunity.org/2020-peoples-mobilisation-bindingtreaty/