Banco Mundial: crédito para la palma de la muerte

El Banco Mundial financió en 2009 a la empresa palmicultora Dinant en Honduras con un crédito de 15 millones de dólares, aunque esta se ha visto envuelta en asesinatos y conflictos violentos por la tierra. La oficina de reclamaciones del Banco Mundial investiga el caso, pero pronto podría estar dando un segundo crédito a Dinant.

Dólares manchado de sangre sobre una plantación de palma Dólares del banco mundial financian la palma en Honduras

El Grupo Dinant es la empresa palmicultora más grande de Honduras. En noviembre de 2009, la Corporación Financiera Internacional, parte del Grupo del Banco Mundial, pagó a la empresa la primera mitad de un crédito de 30 millones de US dólares. En junio del mismo año, un golpe de estado derrocó al presidente elegido democráticamente, Manuel Zelaya. El gobierno de facto en el país centroamericano fue respaldado por el presidente del grupo Dinant, el empresario Miguel Facussé.
 
El conflicto con las plantaciones de palma de Dinant se remonta a los años 70. Desde el golpe, la región del Bajo Aguán ha sido militarizada y los campesinos desplazados violentamente de sus asentamientos. Entretanto, la expansión de la palma y las actividades de Dinant y otras empresas palmicultoras han sido de una u otra forma relacionadas con la muerte de 88 campesinos en el Valle del Aguán. La impunidad es total. En el marco de este conflicto podrían incluirse hasta 109 muertes.
 
En febrero de 2013, el Banco Mundial actualizó en su web la descripción de su proyecto de crédito para la compañía palmicultora. La documentación no dice nada sobre la violencia y los asesinatos. Únicamente se lee “Dinant entiende la importancia de tener buenas relaciones con las comunidades vecinas y es muy activa en este sentido”.
 
Con todos estos antecedentes, la oficina de reclamaciones del Banco Mundial (CAO) está investigando. Pero sus competencias son muy limitadas. Es de temer que el Banco Mundial pronto conceda la segunda parte del crédito -otros 15 millones de USDólares. El banco alemán DEG investigó y reaccionó tras una protesta de Salva la Selva en 2011 en consecuencia, retirando un crédito de 20 millones de US Dólares a la misma empresa.

Por favor, firme la carta al Banco Mundial.

Miguel Facussé, propietario y presidente del Grupo Dinant es uno de los hombres más ricos y poderosos de Honduras. Su empresa empezó a acaparar grandes superficies de tierras en el Valle del Aguán a principios de los años noventa. Las tierras habían sido asignadas a comunidades campesinas con la Ley de Reforma Agraria. Según una experta en Derechos Humanos, entre 1992 y 1994 “tres grandes terratenientes se apropiaron mediante fraude, coerción y violencia del 73,4% de las tierras que habían sido otorgadas a los campesinos mediante la reforma agraria”.

Uno de estos terratenientes, del Grupo Dinant, posee hoy 22.000 hectáreas de la fértil tierra. En el año 2009 el entonces presidente hondureño Zelaya prometió a las comunidades campesinas una parte de las tierras y títulos legales de propiedad. El mismo año, Zelaya sufrió el golpe de estado que fue condenado internacionalmente y Honduras fue expulsada de la Organización de Estados Americanos (OEA).

Miguel Facussé apoyó el golpe abiertamente y fue una de las personas que más se benefició del golpe. Las promesas de Zelaya de devolver algunas de las tierras en manos de Dinant a los campesinos fue anulada. Los campesinos desposeídos no tuvieron otra opción que ocupar las tierras pacíficamente.

Desde el golpe, 88 campesinos y personas cercanas fueron asesinadas en el Bajo Aguán en el marco de estos conflictos por la tierra. Las comunidades campesinas fueron desplazadas violentamente y la región ocupada por militares, policías y fuerzas de seguridad privadas de Facussé. Testigos oculares reportan unánimemente que las fuerzas de seguridad están involucradas en asesinatos, secuestros y otras violaciones de derechos humanos. En toda Honduras numerosas violaciones de derechos humanos permanecen impunes.

 

Créditos del Banco Mundial para la industria palmicultora

El Banco Mundial, cuyo lema es “Trabajamos por un mundo sin pobreza”, financia desde hace casi 50 años la expansión de la industria de la palma aceitera con dinero de sus estados miembros. Mil millones de dólares han sido invertidos por el Banco Mundial y sus filiales como la Corporación Financiera Internacional en plantaciones de palma e infraestructura para su procesamiento. Con esta política, el Banco ha causado no sólo deforestaciones de selvas, sino también desplazamientos de comunidades. Como consecuencia han surgido cientos de terribles conflictos por la tierra.

Después de las denuncias de organizaciones ambientales y de derechos humanos, el Banco Mundial pisó el freno a finales de 2009 y detuvo las financiaciones a la industria de aceite de palma. En los meses siguientes, se dedicó a desarrollar una nueva estrategia para la palma, que entró en vigor a principios de 2011.

El crédito del Banco Mundial al Grupo Dinant fue aprobado poco antes del golpe de estado en Honduras, pero la primera parte se entregó en noviembre 2009, cuando ya habían escalado las violaciones de derechos humanos en Honduras. Los documentos del Banco Mundial aseguran que no se observan efectos sociales significativos en relación con la concesión del crédito, aunque en el texto figura que el grupo Dinant emplea a cerca de 300 guardias de seguridad armados y aunque los conflictos por la tierra son sobradamente conocidos.

El crédito del Banco Mundial ha ayudado a Facussé y al régimen de facto en Honduras a ganar reconocimiento internacional -en un momento en el que la Organización de Estados Americanos hizo un llamamiento a organizaciones internacionales a revisar las relaciones con Honduras. Sobre la financiación de una planta de biogas y un molino se contribuyó también a que el Grupo Dinant cumpliera los “estándares de sostenibilidad” de biocombustibles de la Unión Europea. Estos estándares no toman en cuenta las violaciones de derechos humanos. En el marco del crédito, el grupo Dinant debe informar sobre cualquier efecto social negativo. Pero a pesar del cúmulo de pruebas y las continuas acusaciones de la participación de la empresa en docenas de asesinatos, el crédito nunca se retiró.

 

Más información:

Reporte anual 2012 del CAO, Oficina de Reclamaciones del Banco Mundial

Información sobre la palma aceitera

Documentales que retratan el conflicto

Bajo Aguán: Grito por la tierra

Trailer de la película Resistencia

Campesinos reivindican acceso a la tierra Conflictos de tierras continuos en el Bajo Aguán, Honduras

29 ene. 2014

Banco Mundial, palma aceitera y violaciones de derechos humanos en Honduras

A instancias de organizaciones hondureñas e internacionales, la oficina del ombudsman del Banco Mundial (CAO) inició una investigación sobre la financiación a una compañía productora de aceite de palma en Honduras, llamada corporación Dinant. La investigación se hizo pública a finales de 2013 y está dando mucho que hablar.

La corporación hondureña Dinant pertenece a uno de los -según la prensa local- magnates más poderosos del país y se dedica entre otros negocios a la producción de aceite de palma a escala industrial, para lo que ha ido acaparando una gran extensión de tierras anteriormente en manos de pequeños campesinos. La investigación del Banco Mundial recogía denuncias de que este empresario había “conducido, facilitado o apoyado desplazamientos forzosos de campesinos en el Valle del Aguán” debido al “uso inapropiado de fuerzas de seguridad privadas y públicas bajo el control o la influencia de Dinant”.

A pesar de los préstamos que estaba concediendo a la citada empresa, la Corporación Financiera Internacional CFI del Banco Mundial habría -según su propio CAO- “fallado en identificar y responder apropiadamente a la situación de Dinant en el contexto de la situación política y de seguridad en declive en Honduras tras la expulsión del presidente Zelaya en 2009”. Dicha falla es sorprendente, debido al “gran volumen de información de acceso público de que se disponía en el momento en que IFC se comprometió con esta inversión”. Además, y siempre según el informe de CAO “IFC no exigió la realización de un análisis adecuado de las causas de los graves incidentes que se estaban produciendo en torno al proyecto”.

Las organizaciones sociales y de derechos humanos pusieron de manifiesto que el IFC estaba haciendo descaradamente la vista gorda a sus propias políticas corporativas y de sostenibilidad, al financiar incomprensiblemente con millones de dólares a un empresario involucrado según numerosas fuentes en muchas y gravísimas violaciones de derechos humanos. “Entre enero de 2010 y mayo de 2013 hubo por lo menos 102 asesinatos de personas afiliadas al movimiento campesino en el Bajo Aguán, y denuncias específicas que vinculaban 40 de estas muertes a fincas de Dinant, a sus guardias de seguridad o a su empresa contratista de servicios de seguridad”, relata el informe del CAO.

Según las investigaciones de CAO, el banco estaría priorizando de tal forma la expansión de los agronegocios, que el interés económico estaría primando enteramente por sobre lo ambiental y lo social. En el plano de los procedimientos, la CAO concluye que hubo deficiencias en la implementación de las propias políticas y procedimientos del Banco Mundial en cuanto a la financiación de sus proyectos y deficiencias en la supervisión de este proyecto en momentos críticos.
Las organizaciones campesinas del Valle del Aguán en Honduras exigen que el Banco Mundial no financie corporaciones y proyectos que resulten en la monopolización de recursos naturales y desplazamiento de comunidades locales e indígenas.

Por su parte, las ONGs internacionales que a pesar de las dificultades de seguridad han dado seguimiento a la situación, concluyen que IFC estaba consintiendo la financiación de tal proyecto en Honduras a pesar de tener suficiente información de los riesgos sociales y ambientales que comportaba.

Exigen además que se cancele cualquier crédito adicional a Dinant, incluyendo el pago pendiente de 15 mill US$, que se haga eco de los reclamos de los campesinos afectados por el conflicto de tierras de largo alcance, y que implemente un mecanismo de consulta que involucre a las organizaciones campesinas y corrija las evidentes eficiencias de su actual sistema, ya que el análisis del IFC de sus propios errores no contempla esta dimensión inclusiva.

Ya en 2011, el gigante energético francés EDF y el banco público alemán fueron más consecuentes al decidir no seguir participando en los proyectos de la palma de la misma empresa hondureña y cancelar sus créditos.

El CAO del Banco Mundial concluye haber identificado fallos sistémicos que hacen necesario para la institución hacer un profundo análisis de sus estructuras y hace imprescindible modificarlas. Pero las organizaciones sociales y ambientales como Salva la Selva van más allá al “cuestionar profundamente este sistema basado en lo macroeconómico que favorece grandes proyectos que concentran los recursos y el dinero en manos de grandes empresarios y terratenientes a instancias de los modos de vida basados en el pequeño campesinado y de dimensión local”. No hay que olvidar que existen en Honduras más de 300.000 mil familias campesinas sin tierras, y esa es la situación que necesita desde hace décadas una solución.


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Fuentes y más información (en inglés):

Informe de Auditoría de la IFC sobre la Corporación Dinant S.A. de C.V., Honduras, 201 de diciembre de 2013

Respuesta de la IFC al informe de Auditoría de la CAO

Presidente Kim responde a las preocupaciones de la sociedad civil sobre las inversiones del sector privado, con mención a Honduras


Auditoría critica informe del Banco Mundial

Respuesta de organizaciones sociales y ONGs al informe de la CAO



Estimado Sr. Jim Yong Kim:

me preocupa mucho el crédito de 15 millones de USDólares que el Banco Mundial concedió en noviembre de 2009 a la empresa palmicultora hondureña Dinant, no habiendo hasta ahora solicitado su devolución. Además, rechazo la inminente posibilidad de que su filial Corporación Financiera Internacional CFI otorgue otro crédito a la empresa por la misma suma.

Según testimonios de organizaciones de derechos humanos, el Grupo Dinant está involucrado en desplazamientos violentos y ya se cuentan 88 asesinatos sucedidos en el Valle del Aguán en este contexto. Los asesinatos han sucedido con total impunidad y hasta la fecha no han sido esclarecidos. En total, en el marco del conflicto por la tierra podrían haber perdido la vida hasta 109 personas.

El caso de Dinant muestra lo poco efectivas que son las “Garantías de protección” sociales y ecológicas del Banco Mundial para el sector de la palma aceitera. Por el momento, la oficina de reclamaciones del Banco Mundial (Ombudsman CAO) investiga si el banco ha seguido sus propios estándares en el proyecto de crédito a la empresa Dinant, y si ha seguido correctamente el procedimiento.

Además de las condiciones internas para los créditos del Banco deberían investigar a fondo las siguientes cuestiones y contestarlas abiertamente:

+¿Por qué el Banco Mundial ha concedido un crédito a una empresa que se encuentra desde hace varias décadas en el centro de diversos conflictos por la tierra, y a cuyo propietario se relaciona además con un golpe de estado?
+¿Por qué el Banco Mundial no a actuado en consecuencia y no ha tomado en cuenta las graves preocupaciones en torno a los derechos humanos y a la extendida impunidad en Honduras?
+¿Por qué el crédito que concedió a Dinant no ha sido retirado, teniendo en cuenta que no se cumple las condiciones para la concesión de créditos al suponérsele a la empresa un papel en asesinatos y otras graves violaciones de derechos humanos?

Exijo al Banco Mundial no conceder créditos para proyectos de palma aceitera, retirar el ya concedido al Grupo Dinant y no facilitar más dinero a esta empresa.

Atentamente,

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