Mexico y Chile celebran: resistencia se hace oír

Activistas campesinos protestan contra presa La tierra no se vende. Punto final de la presa La Parota en México

29 ago 2012

Estos recientes éxitos en México y Chile muestran una vez más a empresas y gobiernos que los proyectos impuestos a la fuerza son reversibles si las cosas se plantean mal desde el principio.

México: ¡Cancelación de la presa La Parota!

La cancelación definitiva está un paso más cerca. Se logró el compromiso del Gobernador del estado de Guerrero para gestionar la audiencia con el Presidente de la República a quien corresponde decretar la cancelación de la presa La Parota.

La motivación de los campesinos para oponerse a la hidroeléctrica La Parota es proteger sus tierras de la inundación para lo que se agruparon en el Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa La Parota (CECOP). “¡La Tierra no se vende!”es el lema del movimiento. Y el sentimiento subyacente es que la presa nunca se hará. “Nuestro movimiento de resistencia sigue firme como hace nueve años. Mantenemos inalterables nuestros principios”, sostienen.

La industria de las presas es un gran negocio a nivel mundial. Detener un proyecto hidroeléctrico aprobado, y que promete sustanciosos beneficios a pocos pero poderosos no es fácil. El represamiento del río Papagayo amenaza inundar 17.000 hectáreas de tierras, y desplazar a las 25.000 personas de 5 municipios del estado de Guerrero (1), afectando hasta a 75.000 personas más.

La insistencia del gobierno en el proyecto se traducía en una violación permanente a los derechos de los afectados: invasión de las tierras, compra de voluntades y soborno de autoridades locales, amenazas a pobladores y generación de un clima de violencia para poder llevar a cabo la apropiación de las tierras comunales y ejidales, dos formas de tenencia de la tierra en México. En el año 2005, el conflicto registró la mayor violencia con tres muertes de comuneros. En 2006, el Tribunal Latinoamericano del Agua (TLA) determinó que “no existían beneficios a la población local ni su contribución al desarrollo regional, ni consideraba la protección del ambiente y los recursos naturales”.

Con la firma de un acuerdo los pasados días, el gobierno de Guerrero se compromete a no reprimir al movimiento de resistencia y a no promover ninguna asamblea fraudulenta más, a respetar las sentencias legales favorables al CECOP y a respaldar la lucha por restaurar el tejido social roto por los intentos gubernamentales por imponer ilegalmente el proyecto, contra la voluntad de los pueblos.

Con gran sacrificio personal, han sido casi diez años de oposición al proyecto, que se ha ido postergando más y más. Ahora, “agradecemos las palabras de aliento y el respaldo al triunfo que significa la firma de los Acuerdos de Cacahuatepec entre el Gobernador del estado de Guerrero y el CECOP, un paso fundmental en la vía hacia la cancelación definitiva del Proyecto Hidroelétrico Presa La Parota”.

(1) Los municipios son Acapulco, San Marcos, Juan R. Escudero, Tecoanapa y Chilpancingo.



Florece el desierto, justicia en Chile

La Tercera Sala de la Corte Suprema revocó autorización ambiental a la Termoeléctrica Castilla y al Puerto asociado. Es la primera vez que en Chile se acoge de manera preventiva un recurso de protección a partir de la garantía constitucional de vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Queda sentado un precedente histórico.

Totoral, es un pueblo a 80 kilómetros de Copiapó, en la región de Atacama. Es un oasis en medio del desierto árido pero florido. Un pueblo sin luz eléctrica al que le quieren imponer la termoeléctrica más grande de Sudamérica con las presiones del Estado y de la transnacional brasileña MPX.

La Corte Suprema, reconoce que la autoridad de Salud de Atacama procedió de manera ilegal al calificar el proyecto Castilla como sólo “molesto” y no “contaminante”. La decisión supone la inviabilidad de la termoeléctrica más grande de América Latina, y de su puerto asociado, a pocos kilómetros de Totoral, comprometiendo el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, a la salud y a la autodeterminación de los habitantes del territorio.

El actuar ilegal, motivado por presiones del poder ejecutivo y de la empresa alemana brasilera EON-MPX, titular del proyecto comprometió derechos fundamentales de la ciudadanía.

Lucio Cuenca, director del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales OLCA, señaló sobre el fallo: “Debemos felicitar la convicción y la valentía de la comunidad de Totoral que se mantuvo unida pese a las presiones de múltiples sectores. Y de los pescadores que rechazaron las ofertas de negociación, contrato en mano, que les ofrecieron los abogados Soto, Tapia y Poblete, pagados por la empresa. Sin duda esta actitud fue la que posibilitó que hoy estemos festejando la decisión de la Corte Suprema”.

Por su parte, el abogado de OLCA Alvaro Toro, representante de la Junta de Vecinos de Totoral, señaló que luego del fallo, el proyecto se hace inviable en la zona, toda vez que las autoridades comunales tienen en trámite la aprobación de un plano regulador que solo permite en el suelo en cuestión, actividades inofensivas.

En Copiapó y muy especialmente en la comunidad de Totoral se vive un espíritu de fiesta que celebra la vida, la fuerza de los valores y de las convicciones comunitarias, y sobre todo el espíritu de dar la pelea aunque todas las condiciones estén en contra.

 

Estos recientes éxitos en México y Chile muestran una vez más a empresas y gobiernos que los proyectos impuestos a la fuerza son reversibles si las cosas se plantean tan mal.

Además, para recomenzar cualquiera de estos proyectos será necesario someter a una nueva evaluación todas sus partes.

 

 

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