Un tratado para la eliminación de los combustibles fósiles debe incluir la justicia climática real
Colombia: Empieza en Santa Marta, en la costa caribeña de Colombia, la Primera Conferencia Internacional para la Transición más allá de los Combustibles Fósiles, convocada por los gobiernos de Colombia y los Países Bajos, entre el 24 y el 29 de abril. El objetivo es avanzar en una hoja de ruta para acelerar la transición energética global que nos aleje del carbón, el petróleo y el gas.
Gran parte del consumo energético mundial y del comercio internacional todavía depende de los combustibles fósiles. La realidad de la crisis climática y la evidencia científica apuntan en la misma dirección, que es inequívoca: hay que dejar de extraer y quemar combustibles fósiles cuanto antes. A esto se suma que las guerras y conflictos geopolíticos actuales muestran con brutal claridad la vulnerabilidad que genera esta dependencia, disparando el coste de la energía y de todo lo que se transporta, como los alimentos, y golpean sobre todo a las personas y países más empobrecidos.
La última cumbre del clima, COP30 de Belém (nov. 2025), terminó sin un acuerdo específico y vinculante sobre la salida de los combustibles fósiles, lo que generó frustración y alarma entre muchos países y movimientos que persiguen una transformación real. Esa falta de avances impulsa procesos paralelos, entre ellos la iniciativa de un Tratado sobre Combustibles Fósiles, que propone tres pilares: detener la expansión fósil, acordar la eliminación progresiva de la producción y garantizar una transición justa. Hasta ahora, 18 gobiernos apoyan la propuesta y se ha ido construyendo una amplia coalición de pueblos indígenas, gobiernos subnacionales, sociedad civil y ciudadanía organizada.
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La reciente Opinión Consultiva de la Corte Internacional de Justicia refuerza la obligación de los Estados de prevenir daños significativos al clima y de cooperar entre sí para hacerlo. Esto implica actuar de manera decidida sobre la producción, el consumo, las licencias y los subsidios a los combustibles fósiles. Los Estados no pueden seguir ignorando sus responsabilidades: deben detener la expansión fósil y planificar una salida ordenada que ponga en el centro a las personas y a los territorios y no a los beneficios de las corporaciones.
Pero el enfoque oficial de esta conferencia, como el de muchas cumbres climáticas, corre el riesgo de quedarse corto si no incorpora de verdad las voces de las comunidades y organizaciones que se encuentran en la primera línea de los conflictos socioambientales. Por eso, en paralelo a la conferencia gubernamental, movimientos sociales, pueblos indígenas y organizaciones aliadas impulsan en la misma ciudad la Cumbre de los Pueblos por un Futuro Libre de Combustibles Fósiles, como espacio para debatir, articularse y construir propuestas desde abajo.
Salva la Selva es de la opinión de que manteniendo regímenes extractivistas no habrá transición justa. Muchas de las falsas soluciones que se presentan como respuestas a la crisis climática, como los mercados de carbono o los mecanismos de compensación, no atacan la raíz del problema. Más bien profundizan la financiarización de la naturaleza. A la vez, una parte importante de las supuestas alternativas energéticas “verdes” se apoya en la expansión masiva de la minería de metales para alimentar la electrificación de la economía y las tecnologías renovables. Esto conlleva nuevas presiones sobre las selvas tropicales, los bosques y otros ecosistemas sensibles, así como sobre las comunidades que los habitan y cuidan.
La Red Latinoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Sociales y Ambientales, articulación de mujeres defensoras de diversos países de Abya Yala, denuncia desde hace años los impactos de la minería y otros megaproyectos en sus cuerpos, comunidades y territorios. Desde Santa Marta, en su posicionamiento ante esta conferencia, las compañeras llaman la atención sobre “las falsas soluciones a la crisis climática que profundizan las desigualdades y reproducen lógicas extractivistas bajo nuevos discursos ‘verdes’” y consideran “fundamental la discusión acerca del rol que están teniendo los minerales en la transición energética y los pactos que se vienen consolidando para ampliar la frontera extractiva minera”.
Para la Red, los llamados minerales "críticos" o “estratégicos” son en realidad minerales de sacrificio, porque “exacerbarán las múltiples violencias sobre nuestros cuerpos, comunidades y territorios”. En su análisis, señalan que una parte importante de esos minerales alimenta no solo la transición energética, sino también la industria armamentística y las infraestructuras vinculadas a la inteligencia artificial, reforzando un modelo de guerra y control. Su mirada ecofeminista y decolonial cuestiona de raíz una transición que se limite a cambiar de fuente de energía sin transformar las relaciones de poder que sostienen el extractivismo.
El Colectivo Voces Ecológicas de Panamá COVEC – organización popular que promueve el debate y la acción frente a los conflictos socioambientales– también aporta su experiencia y su voz a estos debates. “El uso de las energías renovables tiene que ser responsable y sin especulación”, recuerda nuestro compañero y aliado Olmedo Carrasquilla también en Santa Marta, apuntando a la necesidad de evitar que la transición se convierta en un nuevo negocio para unas pocas empresas a costa de los territorios. Para COVEC, “no se trata solo de cambiar la matriz energética, sino de transformar el modelo económico para que la vida y los derechos de las comunidades estén por encima de los intereses corporativos”.
Las conversaciones a tener en Colombia van mucho más allá de transformar un sistema energético basado en combustibles fósiles en otro basado en metales. Se trata de construir una transición energética justa que respete los límites ecológicos y los derechos de los pueblos. Los diálogos oficiales, tal como están planteados, no recogen todos los matices ni todas las preocupaciones de las organizaciones de base, los pueblos indígenas, las comunidades campesinas, las mujeres defensoras y las poblaciones afrodescendientes, que son quienes sostienen la defensa de la vida en los territorios.
Como alternativa al extractivismo fósil y minero, las mujeres de la Red proponen “transiciones post‑extractivistas, economías locales y comunitarias, soberanía energética y alimentaria desde los territorios, formas de vida que prioricen el cuidado, la interdependencia y la justicia”. Plantean que la transición debe “partir de los territorios, sus autonomías, soberanías y la autogestión de las comunidades”, y que la participación de los pueblos indígenas, las comunidades campesinas, las organizaciones de mujeres, las poblaciones afrodescendientes y otros sectores debe ser “efectiva y de acuerdo a los usos y costumbres, reconociendo el trabajo de cuidado, reproducción y sostenimiento de la vida”.
Desde Salva la Selva nos sumamos a ese llamado. Creemos que un Tratado sobre Combustibles Fósiles solo tendrá legitimidad si incluye justicia climática real y si escucha y respeta las propuestas de quienes defienden los territorios todos los días. No basta con planificar la salida de los fósiles; es imprescindible desmantelar las lógicas extractivistas y construir transiciones post‑extractivistas que pongan en el centro el cuidado de la vida.
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Emitida en Julio de 2025, dice que los Estados miembros (de las NU) tienen el deber de prevenir el cambio climático: Corte Internacional de Justicia, ver: https://news.un.org/es/story/2025/07/1540221
Justicia Climática en manos de Santa Marta, en: https://www.radiotemblor.org/justicia-climatica-en-manos-de-santa-marta
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