Europa: ómnibus que atropellan las leyes ambientales

Qué son los paquetes ómnibus y por qué importan

Los paquetes ómnibus se presentan como “simplificación” y “reducción de cargas administrativas para las empresas”. En la práctica, suponen menos controles, menos transparencia y más margen para contaminar o destruir naturaleza con menos escrutinio público. Estos paquetes modifican varias leyes a la vez, en tramitaciones bastante aceleradas.

Primer golpe: cadenas de abastecimiento siguen sin control adecuado

Mientras escribimos, el Parlamento Europeo acaba de aprobar el primer paquete ómnibus relativo a la sostenibilidad empresarial. Este paquete debilita la Directiva de Diligencia Debida en materia de sostenibilidad empresarial (CSDDD) y la Directiva de información corporativa en materia de sostenibilidad (CSRD).​

La CSDDD se conoce también como ley de " diligencia debida en cadenas de suministro". Se promulgó para que se pudiera identificar, prevenir y mitigar impactos adversos y dar cobertura, acceso a la justicia y reparación a comunidades afectadas por violaciones de derechos humanos y daños ambientales en toda la cadena de valor de la actividad de las grandes empresas, con más de 1.000 empleados y 450 millones de euros de facturación. Apenas llevaba un año aprobada cuando ya ha sido recortada. Nadie que haya seguido el proceso duda de la fuerza del lobby corporativo, muy especialmente el de grandes petroleras norteamericanas; el pretexto perfecto ha sido, una vez más, la “competitividad”.

El octavo paquete: el ómnibus ambiental y qué desregula

Los paquetes ómbibus segundo a séptimo afectan sobre todo al andamiaje de sostenibilidad corporativa y financiera (menos obligaciones de reporte, menos detalle ambiental, taxonomía más laxa). 

El octavo paquete ómnibus es directamente ambiental. La propia Comisión lo presenta como una forma de “simplificar” reglamentos clave sobre emisiones industriales, residuos y evaluaciones de impacto ambiental.​

Entre otras medidas, debilita la Directiva de Emisiones Industriales: elimina planes de transformación y suprime auditorías ambientales independientes, de modo que las grandes instalaciones contaminantes tienen menos controles y menos obligación de informar. Esto llevará al aumento del riesgo de contaminación química de aire, agua y suelo y reduce la transparencia para la ciudadanía.​

Además, se propone eliminar una base de datos pública sobre sustancias peligrosas en productos y sustituirla por un sistema digital mucho menos claro para las personas y para quienes gestionan residuos. En la práctica, será más difícil saber qué tóxicos hay en lo que compramos y deshechamos.​

También se relajan algunas obligaciones de responsabilidad de las empresas sobre los residuos que generan, haciendo más fácil que se desentiendan de parte de los costes y problemas que dejan tras de sí.

Finalmente, se aceleran y simplifican los procedimientos de evaluación ambiental para proyectos “estratégicos” (energía, digital, vivienda, materias primas), acortando plazos y trámites. Esto puede reducir la calidad de las evaluaciones y aumentar el riesgo de impactos graves sobre biodiversidad y territorios.

La Comisión insiste en que todo esto es “necesario para el medio ambiente”. En realidad, lo que hace es reducir la carga administrativa de las empresas a costa de menos controles, exigencias y salvaguardas.

 

Norma	Qué recortan	Qué implica
Reglamento de productos libres de deforestación    Reglamento EUDR (UE) 2023/1115	Propuestas para flexibilizar aplicación, alargar plazos y simplificar obligaciones para ciertos operadores. ​	Menos presión para limpiar cadenas de suministro de deforestación; más riesgo para bosques y comunidades del Sur global.
Directiva de Emisiones Industriales DEI 2010/75/UE	Menos planes de transformación y menos auditorías ambientales independientes en grandes instalaciones contaminantes. ​	Más riesgo de contaminación del aire, el agua y el suelo y menos transparencia sobre lo que emiten fábricas y macroinstalaciones. ​
Responsabilidad ampliada del productor (residuos)    Directiva 2008/98/CE	Se facilitan excepciones y “simplificaciones” para que empresas que ponen productos en el mercado tengan menos obligaciones prácticas de gestión de residuos. ​	Más fácil que las empresas se desentiendan de parte de los residuos que generan; más carga para lo público y para el medio ambiente. ​
Evaluaciones de impacto ambiental para proyectos “estratégicos”   Directiva 2011/92/UE	Plazos más cortos y procedimientos acelerados para energía, infraestructuras y materias primas. ​	Proyectos con fuerte impacto pueden aprobarse sin estudios completos, afectando biodiversidad, agua y comunidades locales. ​
Directiva Marco del Agua 2000/60/CE   Directiva de Aves 2009/147/CE    Directiva de Hábitats 92/43/CEE(pruebas anunciadas)	Revisión y “pruebas de estrés” para adaptarlas a competitividad, redes energéticas y seguridad de recursos. ​	Riesgo de rebajar la protección de ríos, humedales y espacios Natura 2000 para facilitar proyectos industriales y extractivos. ​
Reglamento (CE) 1107/2009 sobre comercialización de productos fitosanitarios      Reglamento (CE) 396/2005 sobre límites máximos de residuos de plaguicidas en alimentos y piensos	Ómnibus "extra", sin número, que elimina la renovación periódica de la mayoría de autorizaciones de pesticidas y sustituye las revisiones sistemáticas por revisiones solo “si hay nuevas razones científicas”.	Pesticidas tóxicos pueden quedar aprobados de manera casi indefinida, aumentando riesgos para la salud, los polinizadores y los ecosistemas rurales sin un control periódico fuerte.

Europa simplifica, los bosques pagan

Esta ola de desregulación no se queda dentro de las fronteras europeas. El bloque europeo depende de muchos productos agrícolas, ganaderos, minerales y energéticos cuya extracción o producción impacta en territorios y bosques del Sur global y en los derechos de quienes los habitan.​

En este contexto, la Comisión Europea acaba de presentar RESourceEU, un paquete normativo y financiero para “reforzar la autonomía industrial” y asegurar el suministro de materias primas críticas, dentro y fuera de Europa. En ese paquete se anuncia la revisión de la Directiva Marco del Agua para 2026, vinculándola explícitamente a garantizar agua para industria y seguridad de recursos, lo que despierta preocupación en organizaciones ambientales.​

También se anuncia una “prueba de estrés” de las Directivas de Aves y Hábitats, para revisar su “coherencia” con objetivos de competitividad y redes energéticas. Esto abre la puerta a posbles presiones para flexibilizar la protección en espacios como Red Natura 2000 y a permitir más proyectos en hábitats críticos.

Además, se ha debilitado la aplicación del Reglamento sobre productos libres de deforestación (EUDR), con lo que, junto a las otras normas de diligencia debida ya mencionadas más arriba, la presión regulatoria sobre las cadenas de suministro ligadas a deforestación, monocultivos y minería destructiva disminuyen claramente en detrimento de la naturaleza y poblaciones afectadas por la extracción. 

En la práctica y a pesar de sus discursos verdes, la UE envía señales contradictorias al resto del mundo: ni cuida su propio medio ambiente ni refuerza de verdad la protección de sus propios espacios protegidos ni de los bosques y comunidades del Sur global. Tampoco profundiza el control de la procedencia de los productos y materias primas que se consumen en Europa.

Paren de envenenarnos

Además de todo lo expuesto, la Comisión Europea está apuntando a eliminar la necesidad de renovar periódicamente la autorización de algunos pesticidas, es decir, darles una aprobación indefinida. Otro problema añadido son los planes para simplificar las normas de seguridad de alimentos y piensos. 

Lo que se fomenta de esta manera es un modelo agrícola dependiente de los agrotóxicos. Las comunidades, especialmente las rurales, tendrán que los costes en salud y destrucción de ecosistemas.

Una mayor desregulación de los pesticidas agrava, en particular, una inequidad ya existente. Europa exporta cada vez más pesticidas ya prohibidos dentro de sus fronteras a países como Brasil y otros, mientras empresas europeas se benefician de esa desigualdad normativa. La relajación de controles alimentará aún más el uso masivo de agrotóxicos, disparando las autorizaciones y reforzando a los lobbies del agronegocio, igualando, pero por abajo. 

En nuestra opinión, la relajación de leyes que deberían gobernar estrictamente proyectos energéticos, extractivos, hidrológicos o ligados a pesticidas normalizan la flexibilización de leyes protectoras. Es una deriva muy en la línea de las agendas trumpistas y de las motosierras: ¿Se está desmantelando las protecciones en nombre de la competitividad o se está reduciendo la función del Estado a niveles de tiempos oscuros?

¡Actúa! Salva la Selva tiene una petición activa sobre el tema

En la petición "Manos fuera de las leyes ambientales de Europa", se insta a las instituciones europeas a que, en lugar de desregular, se "centren en la plena aplicación de las leyes de protección y recuperación de la naturaleza, el agua y el aire." Todavía puedes participar (abajo) y en este enlace.

Además, con la legislación ambiental bajo amenaza, la consigna es seguir denunciando caso por caso y seguir trabajando en red y en comunidad para defender los bienes comunes y los derechos de todas y todos.