Tribunal Popular a empresas mineras que destruyen la Amazonía

El 13 de noviembre tuvo lugar un momento histórico en la Cumbre de los Pueblos celebrada en Belém do Pará en paralelo a la COP30. Este día se realizó el Tribunal Popular en Defensa de la Amazonía, con el objetivo de juzgar los crímenes y violaciones que las organizaciones de la sociedad civil alegan fueron cometidos por las mineras Vale, Belo Sun, Hydro e Imerys-Artemyn, y también por el propio Estado de Pará, contra pueblos y comunidades tradicionales de la Amazonía, contra la tierra, las aguas y el clima.

Realizado en un auditorio de la Universidad Federal de Pará UFPA, el Tribunal Popular estuvo constituido por una jueza, escribano, testigos, abogados de defensa de las víctimas, de las empresas y del Estado, observadores internacionales y un jurado compuesto por cinco personas. 

Con la excepción de los testigos, las personas que ocuparon los demás cargos fueon representantes de organizaciones de la sociedad civil, entre los que se encuentran abogados, periodistas y activistas ambientales, que participar de firna voluntaria en el juicio.

Guadalupe Rodríguez, compañera de Salva la Selva, fue una de las observadoras internacionales. Felipe Duran, periodista y colaborador de la misma organización, que en Brasil trabaja bajo el nombre Salve a Floresta, formó parte del jurado. También Ediene Kirixi Munduruku, indígena del pueblo Munduruku y aliada de nuestra organización, actuó igualmente como jurado. Más de un centenar de personas, entre ellas decenas de indígenas del pueblo Munduruku, asistieron a la sesión.

Un Tribunal Popular funciona como un tribunal simbólico y de opinión, no estando insertado en el sistema oficial de justicia brasileño. Es decir, su sentencia no tiene efecto legal sobre los condenados que, por lo tanto, no pueden ser encarcelados y no están obligados a pagar multas o indemnizaciones. Aun así, su existencia es una herramienta importante para la lucha de los pueblos y comunidades por la tierra y el territorio.

La función de este y otros Tribunales Populares es dar visibilidad y amplificar las voces de los pueblos y comunidades silenciados por las empresas y los gobiernos, garantizar su derecho a la palabra, denunciar las violaciones y delitos de los que son víctimas, reafirmar sus derechos y su dignidad.

"Este es un día histórico porque, aunque el tribunal no tiene efecto legal sobre las empresas y el Estado, sus crímenes son reales, y están sucediendo ahora", dijo al final de la sesión João Gomes, coordinador adjunto de FASE Amazônia, una de las organizaciones que promovió el tribunal.

Otras organizaciones y grupos involucrados en la actividad fueron la Articulación Internacional de los Afectados y Afectados por Vale (AIAAV), el Grupo de Estudios e Investigaciones Sociedad, Territorio y Resistencias en la Amazonía (GESTERRA) de la UFPA, el Movimiento Popular por la Soberanía en la Minería (MAM), el Pueblo Indígena Munduruku y las comunidades quilombolas y tradicionales de Pará y Maranhão.

Denuncias contundentes

A lo largo de casi tres horas, diez testigos indígenas, quilombolas, ribereños y campesinos de territorios impactados por las mineras, dieron sus contundentes testimonios sobre las violencias que afirman sufrir. Algunas desde hace más de 40 años, iniciadas en la década de 1970.

Hubo informes de devastación de bosques, ríos y arroyos, contaminación de las aguas y de los cuerpos de las personas con residuos de las mineras, además de mercurio y metales pesados vertidos directamente en fuentes y cursos de agua que las comunidades utilizan para beber, cocinar, pescar y bañarse. Una denuncia que se repitió en todos las declaraciones fue la de la total ausencia de consulta previa, libre e informada a las comunidades, por parte de las empresas y el gobierno, antes de instalar sus emprendimientos mineros en los territorios tradicionalmente ocupados por los pueblos.

La consulta es obligatoria, según el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en los casos en que las empresas y acciones administrativas impactan a los pueblos y comunidades tradicionales.

Tales violencias recaen con más fuerza sobre los cuerpos de las mujeres negras e indígenas, que además de ser afectadas por contaminaciones, enfermedades y otros males de la minería, también son las que terminan cuidando de otras personas afectadas, como niños y ancianos. Además, son frecuentemente quienes más ponen la voz y el cuerpo para luchar contra las injusticias.

“Siempre es el rostro de una mujer negra la que está al frente en las luchas. Los hombres deben reconocer que la fuerza mayor es nuestra, que no abandonamos, que siempre estamos cuidando”, dijo Antônia Flávia, residente de Piquiá da Conquista, en Açailândia, Maranhão. Ella, su familia y otros cientos de personas se vieron obligadas a abandonar su territorio tradicional debido a la contaminación y las enfermedades que llevaron la minera Vale en la década de 1980, y luego por las siderúrgicas que se instalaron en la región.

Criminalización de las resistencias

Durante la sesión de denuncias, las empresas mineras fueron acusadas de atacar con desalojos forzosos, destrucción de casas, incendios, amenazas de muerte, acoso moral, sexual y legal a las comunidades y líderes que oponen resistencia ante las violaciones.

Los largos y dolorosos procesos de criminalización también son un arma de silenciamiento utilizada por las empresas contra los líderes de los territorios, dijeron los testigos. Entre los presentes del pueblo indígena Munduruku en el auditorio, había al menos diez personas que han sido amenazadas de muerte. Y otras tantas personas perseguidas con procesos legales e informes policiales calumniosos que prácticamente parecen buscar matarlos en vida, al ofender su dignidad, asustándolos y haciéndolos vulnerables a nuevos ataques.

Luiz Teixeira, miembro del Movimiento Xingu Vivo para Siempre, aliado de Salva la Selva desde hace años, fue uno de los testigos de la acusación contra la minera canadiense Belo Sun. En su declaración, mostró restos de madera quemada, extraída de la tienda de un agricultor incendiada de forma criminal, según él. El agricultor, declaró Luiz, vive en un asentamiento cuyas tierras son codiciadas por la minera para instalar su explotación de oro en el río Xingu, en Pará. La canadiense Belo Sun pretende allí la mayor mina de oro a cielo abierto de Brasil. 

La transnacional Vale enfoca sus operaciones en Brasil en mineral de hierro. Sus estructuras de explotación, que cuentan con canteras, presas de residuos, ferrocarriles y otras construcciones, ya han provocado desastres históricos, como la ruptura de las presas de relaves en las ciudades de Mariana, en 2015, y Brumadinho, en 2019. Las tragedias, señaladas como criminales por los testigos, provocaron la muerte de cientos de personas y la devastación de bosques y ríos. Además de los grandes desastres, también hay violencia y crímenes diarios cometidos por Vale en territorios de Maranhão, Pará y Minas Gerais, informaron los testigos.

De tóxica se calificó la presencia de la empresa noruega Hydro en Pará, donde explota bauxita para la producción de alúmina, con la que se hace el aluminio. En 2018, una gran fuga de residuos de su presa provocó la contaminación de cuerpos de agua en el municipio de Barcarena. En el mismo año, los investigadores encontraron un conducto clandestino a través del cual Hydro vertía efluentes no tratados en los nacimientos de un río en el mismo municipio.

La francesa Artemyn (antigua Imerys), ahora perteneciente al grupo inglés Flacks Group, también deja, según los testigos, su rastro de destrucción y violencia en la Amazonía de Pará. La empresa explora el caolín, un material utilizado en la industria para la producción de cemento, papel, pastas cerámicas y otros artículos. Sus mineroductos están enterrados en cientos de kilómetros dentro de tierras indígenas, devastando áreas forestales y contaminando ríos y arroyos. Los territorios que invaden estas estructuras se encuentran vigilados por fuerzas de seguridad privadas, que atacan a los pueblos y comunidades que buscan defender sus territorios, informaron los testigos.

“No hay vendedor sin comprador. Por lo tanto, entiendo que lo que se juzga en este tribunal puede estudiar bajo el derecho internacional, cómo penalizar a países europeos y otros, como Canadá y China, que siguen demandando estas materias primas y consienten que se extraigan con violencia en los territorios”, declaró nuestra compañera Guadalupe Rodríguez, de Salva la Selva, durante su testimonio como observadora internacional.

El Estado de Pará y sus organismos ambientales, como la Secretaría Estatal de Medio Ambiente, han sido acusados de omisión, expedición ilegal de licencias ambientales y connivencia con la violencia y delitos cometidos por las empresas.

Condena unánime

Por unanimidad, todas las empresas juzgadas y el estado de Pará fueron declarados culpables de los crímenes y violaciones denunciados por los testigos. “En relación con el estado de Pará, existe el agravante de que tiene la obligación de garantizar el cumplimiento de las leyes y el bienestar general de la población. Y por acción u omisión, el Estado prefirió viabilizar los emprendimientos y, en consecuencia, sus crímenes y violaciones", declaró nuestro colaborador en Brasil, Felipe Duran, durante la fundamentación de los motivos de su condena.

En la lectura de la sentencia, la abogada Jéssica da Silva Santos, que desempeñó el papel de jueza del tribunal simbólico, condenó a Brasil, el Estado de Pará y las empresas acusadas a reparar a las víctimas de los delitos ambientales y la crisis climática, y a adoptar las medidas de mitigación y justicia climática. También determinó que el estado de Pará supervise a las empresas y aplique multas de forma transparente, y que Brasil y Pará suspendan todas las obras realizadas sin la debida consulta previa determinada por el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. Entre otros puntos, la jueza determinó que las tierras indígenas y quilombolas sean demarcadas de forma inmediata.

La sentencia será enviada a la presidencia de la COP30, al gobierno brasileño, a los Ministerios Públicos Federal y Estatal, a los defensores públicos, a la Organización de las Naciones Unidas (ONU), a la Organización de los Estados Americanos (OEA), a todas las embajadas y países que participen o no en la COP, y a organizaciones de la sociedad civil, prensa, pueblos y comunidades.