Papúa: producción de aceite de palma y papel aumenta deforestación

Tres indígenas papúes con un cartel en defensa de su bosque Los indígenas papúes defienden su bosque contra empresas de aceite de palma y papel (© Agus Kalalu) Deforestación en Sorong, Papua Occidental, por la empresa IKSJ Tala de árboles en Sorong, Papua Occidental, Indonesia (© Pusaka)

7 sept 2022

La evaluación de nuevos datos de satélite muestra que se siguen talando los bosques tropicales de Papúa y que las principales responsables son las empresas de aceite de palma y de papel.

Las imágenes de satélite muestran que en la primera mitad de 2022 se deforestaron más de 1.150 hectáreas en Papúa, principalmente para aceite de palma y papel. Fue en Sorong, Jayapura y Merauke, a pesar de la actuación de las autoridades contra las empresas que llevaron a cabo actuaciones irregulares y de la decidida resistencia de la población.

Papúa se encuentra en la parte occidental de Nueva Guinea, la segunda isla más grande del planeta, y forma parte de Indonesia mientras en la parte oriental de la isla se encuentra el estado soberano de Papúa Nueva Guinea. En Papúa viven unos 3,5 millones de personas, de las cuales más de dos millones son inmigrantes atraídos por la riqueza de los recursos.

Papúa cuenta con extensas selvas tropicales. Los indígenas papúes han protegido los bosques de forma tradicional durante miles de años, gracias a lo cual todavía existen estas selvas tropicales, las últimas verdaderamente grandes y ricas en especies de la región de Asia-Pacífico.

Pero la demanda global de madera, aceite de palma, oro y otros recursos supone una grave amenaza para los bosques tropicales de Papúa y, por tanto, para la supervivencia de su población indígena. Los programas gubernamentales para el "desarrollo", que se suman al afán de lucro y a la violencia militar, convierten a Papúa en un foco de destrucción de la naturaleza, donde al mismo tiempo se violan los derechos humanos.

Según Pusaka, organización con la que trabajamos en la región, las empresas de aceite de palma y papel son las responsables de la actual tala de árboles. Ejemplos recientes: en Sorong, una empresa ha talado ilegalmente un bosque perteneciente al clan Mugu, sin consultar a la comunidad local. "Nunca lo hemos permitido. Tienen que multar a la empresa", declaró Efron Mugu, miembro del clan.

Algo similar ocurrió en la comunidad de Masmili. En diciembre de 2021, la empresa Inti Kebun Sejahtera inició una tala, tras lo cual los indígenas afectados se instalaron esa zona temporalmente para detenerla, informa Pusaka. La empresa prometió entonces hacerse responsable por el bosque destruido. Sin embargo, se sigue plantando palma aceitera.

La mayoría de las comunidades no conocen ni planes ni permisos oficiales. Una de ellas, el clan Klafiyu, logró informarse por su parte sobre nuevas plantaciones en su selva. A partir de ahí, averiguaron que el gobierno cobra 16 euros por una hectárea de selva tropical.

Las empresas pueden lucrar inmensamente tan sólo con la madera. Por un metro cúbico de madera de merbau, un indígena papú obtendría 11 euros. A nivel local valdrá a continuación unos 60-70 euros y tras la transformación en China casi 500 euros. Por último, en los mercados europeos más de 2.000 euros. Hay que tener en cuenta que, según los datos oficiales, desde Papúa se exporta mucho menos merbau del que se comercializa en los mercados mundiales.

Nuestro socio Pusaka, en estrecha colaboración con las comunidades indígenas, otras organizaciones y las autoridades locales, ha exigido que se realicen inspecciones a muchas empresas de aceite de palma, papeleras y mineras. Con éxito, ya que en enero de 2022 el Ministerio de Medio Ambiente y Bosques retiró 192 permisos, 51 de ellos en Papúa.

Anteriormente, incluso el presidente indonesio Joko Widodo dio su consentimiento para revocar los permisos indebidos para, en sus palabras "corregir la desigualdad, la injusticia y el daño a la naturaleza". Sin embargo, las empresas siguen trabajando. Los beneficios son muy elevados y de hecho, no están interesadas ni en la sostenibilidad ni en los derechos indígenas.