Acuerdo de Escazú

Entró en vigor el pasado 22 de Abril 2021 y es el primer acuerdo regional ambiental de América Latina y el Caribe. Y el primero del mundo que contiene disposiciones específicas sobre defensoras y defensores de derechos humanos en relación con asuntos ambientales.

Es el resultado años de exigencias acceso a la información y de mecanismos de participación y de transparencia en materia ambiental, en proyectos como los extractivos, turísticos o de mega infraestructuras. En torno a muchos de estos surgen conflictos, especialmente en áreas ecológicamente sensibles como la Amazonía.

El Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe o Acuerdo de Escazú fue adoptado en esa ciudad de Costa Rica, el 4 de marzo de 2018, después de seis años de negociación.

En general, está destinado a contribuir a la protección del derecho de las personas a vivir en un ambiente sano y al desarrollo sostenible, garantizando derechos como la salud, el acceso al agua o a la vivienda. Como su nombre indica, los objetivos centrales del acuerdo se dirigen a garantizar la implementación plena y efectiva de los derechos de acceso a la información ambiental (p.ej. sobre sustancias contaminantes, riesgos, impactos ambientales); la participación pública en los procesos de toma de decisiones políticas relativas a cuestiones ambientales; y acceso a la justicia en asuntos ambientales, así como la creación y el fortalecimiento de las capacidades y la cooperación. Además, tendrá que potenciar la creación de instrumentos que permitan la protección y seguridad de las y los defensores ambientales, disposición que no cuenta con ningún precedente en la región.

La urgencia de la defensa de este colectivo se enraíza en la urgente situación que confronta mientras trabaja en defensa de los derechos humanos. Continuamente sufren amenazas y peligros que van desde las intimidaciones al asesinato. Estas amenazas provienen de actores externos relacionados a menudo con las empresas que tienen interés en los recursos naturales, y también con los propios gobiernos o administraciones locales.

El último informe de Global Witness sobre esta materia reveló 212 asesinatos de defensoras y defensores en 2019, dos tercios de los cuales habrían tenido lugar en América Latina, siendo esta la región más afectada. Hablamos de personas que ejercían su derechos al oponerse a proyectos mineros, a la destrucción forestal o a la expansión de la agroindustria. El de Berta Cáceres, es un caso emblemático. Ganadora del premio Goldman, Cáceres es una indígena lenca que fue asesinada por defender los derechos de su pueblo en defensa del río y en contra de un proyecto hidroeléctrico.

Además, el acuerdo garantiza acceso gratuito a la justicia y facilidades lingüísticas. Incorpora también principios como el de no discriminación y el de precaución.

Se quiere prevenir la criminalización y un uso tergiversado de la ley en contra de la ciudadanía movilizada en defensa de sus derechos y promover herramientas como la consulta ambiental. En palabras de la Alta Comisionada de la ONU, Michelle Bachelet, además de los acosos y ataques contra la vida y la integridad personal, se pretende confrontar las “narrativas estigmatizantes” y “abordar las desigualdades estructurales y sistémicas de las sociedades, promoviendo una vida digna para todas las personas”.

La sociedad civil tuvo voz en el proceso, lo se aprovechó para realizar un gran número de comentarios y observaciones, aunque sin voto en las decisiones. El texto final fue aprobado por 24 de países en septiembre de 2018 y está abierto a los 33 países de América Latina y el Caribe. Fue impulsado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)

En una línea similar existen los Principios Rectores sobre Empresas y Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que incluyen obligaciones específicas para las empresas en cuanto al respeto de los derechos humanos en sus actividades.

El Acuerdo de Escazú es, a pesar de todo, una buena noticia en tiempos de pandemia que trae algo de esperanza en el a menudo oscuro panorama ambiental y de derechos humanos.

Texto del Acuerdo de Escazú

A 22 de abril de 2021, fecha de entrada en vigor del Acuerdo:

  • Han ratificado: México, Argentina, Bolivia, Ecuador, Nicaragua, Panamá, Uruguay, Guyana, Antigua y Barbuda, San Vicente y las Granadinas, Saint Kitts y Nevis, Santa Lucía

  • No han ratificado: Brasil, Colombia, Chile, Paraguay, Perú, Costa Rica, Guatemala, Belice, Haití, Dominica, Granada, Jamaica, República Dominicana

El Acuerdo de Escazú tiene un antecedente en el Convenio europeo de Aarhus, vigente desde 2001.

Página web oficial del Tratado de Escazú (con acceso al texto completo en diferentes idiomas)

Información sobre países firmantes y ratificantes del Acuerdo de Escazú