México: Criminalizados por levantar la voz contra la presa Cerro de Oro
Veinte años después de la construcción de la presa Cerro del Oro, las consecuencias para los 26 mil campesinos afectados han sido devastadoras. Las autoridades criminalizan a quienes siguen reivindicando sus derechos. Juan Zamora y Porfirio Méndez, veteranos luchadores sociales, indígenas chinantecos y representantes de los desalojados de 55 comunidades chinantecas, han sido denunciados injustamente. Firme hoy mismo una carta para se desista de una acción penal contra ellos.
PeticiónHasta el momento en el que se emitió el decreto presidencial que formalizó la construcción de la obra, los afectados no habían sido informados ni consultados. La construcción de la presa Cerro de Oro comenzó en 1974 y concluyó a causa de varias interrupciones en 1989. La obra formaba parte de un plan más amplio y su fin era represar los ríos Santo Domingo, San Juan Evangelista y Tesechoacan en el Estado de Oaxaca. Las selvas de Uxpanapa (Veracruz), Chimalapas (Oaxaca) y el Ocote (Chiapas) forman en conjunto la gran selva Zoque (Olmeca). Los afectados han sufrido un proceso de empobrecimiento, agravado por la falta de la debida indemnización. Pese a su oposición, fueron desalojados perdiendo viviendas y tierras altamente fértiles donde producían maíz, frijol, chile, ajonjolí, tabaco, arroz, camote. Las tierras que les fueron entregadas en sustitución de las expropiadas para la construcción de la presa son de menor extensión y peor calidad agrícola que las que poseían. Las viviendas en las que fueron reubicados en varios municipios de Oaxaca y Veracruz son de menor tamaño y calidad, y en asentamientos carentes de servicios básicos. La cultura chinanteca resultó prácticamente destruida la reubicación que favoreció la desintegración comunitaria, la transformación de los medios de subsistencia, la pérdida de las prácticas agrícolas milenarias, de sistemas de parentesco, de la lengua. Uno de los grupos más numerosos se ubicó en 25 núcleos agrarios en el Valle de Uxpanapa. El gobierno se comprometió ( Decreto Presidencial, 4 de abril 1978) a dotarles de tierras, construir caminos e infraestructura urbana en los poblados, pagar indemnizaciones territoriales, bienes comunales y parcela escolar. Ninguno de estos compromisos fue cumplido. Algunas personas recibieron un mísero pago para algunos objetos personales, árboles frutales y animales pero nada de lo prometido. De las 260 mil hectáreas concedidas a los reubicados en Uxpanapa, el 90% no son aptas para la producción agrícola que los pobladores desarrollaban en el lugar de origen, pudiendo solo emplearse para la cría de ganado. En el 10% restante cultivan hule, palma, cítricos y maíz, con rendimientos muy inferiores a los que obtenían en el lugar de origen. Las obras de infraestructura urbana han quedado hasta hoy a medias. Todavía no existe una red de drenaje; la red de agua potable es muy reducida, llegando sólo a pocas viviendas; el suministro eléctrico es irregular; los poblados carecen de banquetas, oficina de correos, zonas de esparcimiento. Las viviendas no fueron construidas siguiendo el modelo de vivienda tradicional ni se adecuan a las necesidades de sus pobladores. Ubicadas en lotes de 40x40 m, tienen tamaños de 10x10 m o menores, donde viven entre 6 y 8 personas. Juan Zamora González y Porfirio Méndez Martínez fueron afectadas personalmente por la presa Cerro de Oro y reubicados en el Valle de Uxpanapa (Estado de Veracruz). Son respectivamente Presidente del Consejo de Administración y Secretario de la Unión de Ejidos de Producción y Comercialización Agropecuaria “José López Portillo”. Los 25 núcleos agrarios en los que viven los afectados por la presa pertenecen a esta Unión. Desde el inicio de las obras hasta el día de hoy, continúan demandando la debida indemnización y defienden los derechos de los reubicados. Junto a otros afectados, han llevado a cabo múltiples acciones para solicitar justicia sin obtener ningún resultado. Entre otras medidas, en septiembre de 2005 presentaron una demanda (causa 566/05) ante el Tribunal Unitario Agrario (TUA) de San Andrés Tuxtla, Veracruz, para obtener la indemnización (3,500 millones de pesos, alrededor de 190 mil euros) y obras comprometidas en la resolución presidencial del 4 de abril de 1978. La sentencia fue leída en junio 2009 ante aproximadamente 400 personas afectadas. Sorpresivamente, el Tribunal resolvió que los actores carecen de legitimación procesal para promover el juicio. En la carta que encuentran en el recuadro blanco pueden conocer los acontecimientos que se desencadenaron a continuación. Para apoyar a ambos líderes campesinos, por favor, firmen la carta completando el formulario que encuentran más abajo con sus datos, que se envía automáticamente a las autoridades al cliquear “enviar”. Salva la Selva se une al Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos (MAPDER), Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA), Espacio de Coordinación de Organizaciones Civiles sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Espacio DESC), Coalición de Organizaciones Mexicanas para el Derecho al Agua (COMDA), Otros Mundos AC, Centro Legal de Defensores del Ambiente (EDLC) e International Rivers para denunciar la criminalización de la cual están siendo víctimas dos representantes de los afectados por la presa.
CartaLic. Felipe de Jesús CALDERÓN HINOJOSA
Presidente de los Estados Unidos Mexicanos
Residencia Oficial de los Pinos, Casa Miguel Alemán
Col. San Miguel Chapultepec c.p. 11850, D.F. México
Telefax: +52 (55) 50-93 53-11
Correo: felipe.calderon@presidencia.gob.mx
Lic. Fidel Herrera Beltrán
Gobernador del Estado de Veracruz
Correo: fidelherrera@veracruz.gob.mx
Telefax: +52 (228) 841 88 00 ext. 3800
Lic. Arturo Chávez Chávez
Procurador General de la República
Av. Paseo de la Reforma 211-213
Col Cuauhtemoc, Delg. Cuauhtemoc, D.F., México
Tel: +52 (55) 53-46-09-08
Correo: ofproc@pgr.gob.mx
Magistrado Ricardo García Villalobos
Presidente del Tribunal Superior Agrario DF.
Orizaba 16 5º Piso Col. Roma
Del. Cuauhtemoc c.p. 06700, D.F., México
Tel: + 52 (55) 52-0868-00 ext. 2501
FAX +52 (55) 52-08-35-88 FAX
Lic. Guillermo del Castillo Vélez
Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz (Boca del Río)
Palacio de Justicia Federal,
Fracc. Costa de oro, Mpio. de Boca del Río, ver., Boca del Río, Ver., 94299
Fax +52 (229) 9 23 67 31
Noviembre de 2009
Respetables funcionarios:
Por medio de la presente aprovecho para enviarles un cordial saludo además de manifestarles mi preocupación y frente al procedimiento penal n.59/2009 que se encuentra radicado en el Juzgado Cuarto de Distrito con sede en Veracruz (Boca del Río) en contra de los Señores Juan Zamora González y Porfirio Méndez Martínez, respectivamente Presidente del Consejo de Administración y Secretario de la Unión de Ejidos de Producción y Comercialización Agropecuaria “José López Portillo” del Municipio de Uxpanapa. A consideración del Ministerio Público estos son probables responsables del delito de privación ilegal de la libertad del C. Magistrado José Lima Cobos. Desde la construcción de la presa Cerro de Oro (Oaxaca), en 1989, Juan Zamora y Porfirio Méndez no se han cansado de pedir justicia para los afectados por la presa que todavía no cuentan con la indemnización de las tierras y la construcción de las obras comprometidas en la resolución presidencial del 4 de abril de 1978 y en otros decretos presidenciales publicados en distintas fechas anteriores al 1976.
La causa penal se origina de la denuncia por secuestro que el Magistrado Lima Cobos, titular del Tribunal Unitario Agrario del Distrito No. 40, interpuso Ante el C. Agente del Ministerio Publico Federal correspondiente en contra de Juan Zamora y Porfirio Méndez después de que estas personas, junto con otros 400 indígenas afectados por la presa Cerro de Oro, el 15 de junio de 2009 se presentaron a recibir la notificación de la sentencia que este Magistrado emitió en relación con la demanda radicada bajo la causa 566/05. En la demanda, presentada por Juan Zamora en calidad de Presidente del Consejo de Administración y Secretario de la Unión de Ejidos de Producción y Comercialización Agropecuaria “José López Portillo, se pedía la indemnización de las tierras y la construcción de las obras comprometidas en las resoluciones presidenciales antes mencionadas. En la sentencia el Tribunal resolvió que los actores carecen de legitimación procesal para promover el juicio.
El día en el que los afectados acudieron al Tribunal para ser notificados, el Magistrado insultó y abofeteó a la señora Petronila Castro Miguel y descalificó a todos los presentes con estas palabras: “váyanse de aquí, son unos indígenas que no saben nada de leyes, esta oficina no es de ustedes, no saben lo que aquí va a pasar”. Además, amenazó con presentar la denuncia por secuestro antes mencionada. De esta derivó la averiguación previa número AP/PGR/VER/SAT/mesa II/056/2009 que fue consignada ante el C. Juez Guillermo del Castillo, titular del Juzgado Cuarto de Distrito con Sede en Veracruz (Boca del Río) autoridad quién recibió la averiguación previa y le asignó el número de causa 59/2009. En consecuencia emitió la orden de aprensión en contra de Juan Zamora u Porfirio Méndez por el delito de privación de la libertad del Magistrado José Lima Cobos. Los afectados por la presa de su parte denunciaron al Magistrado Lima Cobos por haber abofeteado a la Señora Castro Miguel.
El 18 de junio de 2009, la Unión de Ejidos interpuso una queja administrativa frente al Tribunal Superior Agrario con sede en México DF en contra de José Lima Cobos quien mostró durante toda la tramitación del juicio una actitud prepotente y abusiva. En la queja se da cuenta de una serie de expresiones ofensivas y racistas usadas por el Magistrado. Denuncian además al Magistrado por abuso de autoridad, y por delitos cometidos contra la administración de justicia.
En el mes de agosto del año en curso, 22 afectados por la presa y representantes de varios de los ejidos que se constituyeron en el Valle de Uxpanapa enviaron una comunicación a la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre el derecho a una vivienda adecuada, al Relator Especial sobre el derecho a la alimentación, al Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos y libertades fundamentales de los pueblos indígenas y al Relator Especial sobre la independencia de jueces y abogados para denunciar las múltiples violaciones a los derechos humanos de las cuales han sido víctimas desde la construcción de la presa.
Hay que recordar además que en 1995, en otra acción fruto de la criminalización, Juan Zamora estuvo incomunicado durante 8 días, tiempo en el que fue torturado antes de ser trasladado al Penal de Allende del Puerto de Veracruz acusado de sabotaje, daños a la Nación, intento de homicidio y portación de arma de asalto. La reclusión duró dos años y finalmente Juan Zamora fue absuelto de todos los delitos y salió libre.
Todo lo arriba señalado y los diversos atropellos que se cometieron en los años en contra de los afectados por la presa Cerro de Oro nos da suficientes elementos para creer que la denuncia por secuestro promovida por le Magistrado Lima Cobos y la causa penal n.59/2009 que de ella se deriva no tienen fundamento legal y más bien se enmarcan en los actos de criminalización de los cuales desde hace más de 20 años son víctimas los afectados y los líderes de un movimiento que clama justicia.
En razón de lo anterior, es que hoy acudo ante ustedes para solicitarles:
1) Que haga todo lo que esté en sus manos para que se desista de la acción penal en contra de Juan Zamora y Porfirio Méndez.
2) Que cese la criminalización en contra de los afectados por la presa Cerro de Oro.
3) Que se satisfagan las justas demandas de los afectados en relación con la indemnización de las tierras que perdieron a causa del desalojo del cual fueron víctima a raíz de la presa, la construcción de las obras comprometidas en los poblados de reubicación y que se respeten sus derechos económicos, sociales y culturales.
Sin más por el momento me despido de ustedes no sin antes reiterar mi petición. Atentamente,
Éxitos actuales