Exigen devolución de tierras robadas y protección frente a la violencia

Comunidades indígenas y quilombolas protestan en contra de la expansión del monocultivo de palma aceitera con pancarta "BBF nos está matando. Fuera de nuestro territorio" © Movemento IRQ Para acudir al cementerio comunitario, dos mujeres se ven obligadas a pasar por un punto de control de la empresa Agropalma. En el cartel de la empresa se lee: “Agropalma. Control de acceso al cementerio de Nossa Senhora da Batalha. Propiedad privada" La empresa agropalma controla el acceso de la comunidad a su propio cementerio (© Avispa Mídia) Visita de delegación de organizaciones CIMI, FASE, WRM y Salva la Selva a la comunidad de Turiaçu Visita solidaria a la comunidad afectada por Agropalma (© Maia Schenck) Representantes de Salva la Selva junto a CIMI, FASE y WRM escuchan testimonios de miembros de las comunidades sobre la situación de derechos humanos en el Valle de Acará, Pará, Brasil Visita solidaria a las comunidades afectadas por la expansión de la palma aceitera de la empresa BBF (© Salva la Selva)

Las plantaciones de palma aceitera se extienden al este de Amazonía de Brasil. La población indígena y quilombola denuncia que las empresas de palma aceitera se han apropiado de grandes extensiones de tierra. Piden a las autoridades que les devuelvan sus tierras y les protejan de la violencia y los ataques continuos.

Noti­cias y actuali­zaciones Petición

Para: Sr. Presidente Luíz Inácio Lula da Silva; Ministerio de los Pueblos Indígenas; Fundación Nacional de los Pueblos Indígenas FUNAI; Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria INCRA; Consejo Nacional de Derechos Humanos

“El gobierno brasileño debe cumplir sus obligaciones constitucionales, reconocer los derechos sobre la tierra y garantizar la seguridad y el Estado de derecho”

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La región de Vale do Acará es el centro del boyante sector de la palma aceitera de Brasil. Salva la Selva visitó la zona, en el estado de Pará, y se reunió con las comunidades y ofreció apoyo.

Los pueblos indígenas Tembé y Turiwara que viven allí, así como los Quilombolas -comunidades que formaron los descendientes de africanos esclavizados-, viven apretujados y acosados entre las plantaciones de palma aceitera. Unidos en el Movimiento IRQ (Indígena, Riberinho y Quilombola), denuncian que están amenazados por la violencia, el desplazamiento forzoso y el robo de tierras.

Los mayores operadores de plantaciones son las empresas Agropalma y Brasil Biofuels BBF. Agropalma afirma poseer 107.000 hectáreas de tierra, mientras que BBF controla 135.000 hectáreas (ocupan juntas superficie que casi equivale a la de Luxemburgo).

Sin embargo, aparentemente, gran parte de las superficies de selva proceden de la apropiación ilegal de tierras del Estado, de comunidades locales y de pequeños propietarios locales. Los tribunales ya han anulado los títulos de decenas de miles de hectáreas de Agropalma, por considerarlos ilegales.

Las comunidades indígenas y quilombolas sufren gran presión, persecución y están severamente restringidas en su libertad de movimiento y modo de vida. La violencia, las amenazas de muerte, las humillaciones, el racismo y la criminalización son habituales en el área y varias personas ya han resultado gravemente heridas y muertas.

Los servicios de seguridad privada armados de las empresas, así como la policía local y bandas criminales están supuestamente detrás de esto. Las empresas niegan todas las acusaciones de violencia y robo de tierras y siguen reivindicando las tierras como propias.

Los pueblos indígenas y quilombolas denuncian la violencia estructural y exigen la devolución de sus territorios ancestrales. Piden ayuda, atención y solidaridad internacionales.

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Debido a la alarmante situación de violencia en el Valle de Acará, Salva la Selva viajó al territorio en agosto de 2023, junto a una delegación de organizaciones conformada por CIMI, FASE y WRM, para conocer de cerca la problemática y conversar con los líderes y pobladores de las comunidades y crear un vínculo de solidaridad para acompañarlos en su situación. "Sólo hay una alternativa: irse o resistir", es lo primero que nos dicen a nuestra llegada.

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Carta

Para: Sr. Presidente Luíz Inácio Lula da Silva; Ministerio de los Pueblos Indígenas; Fundación Nacional de los Pueblos Indígenas FUNAI; Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria INCRA; Consejo Nacional de Derechos Humanos

Estimado Sr. Presidente da Silva y autoridades:

El Consejo Nacional de Derechos Humanos (RECOMENDACIÓN Nº 16, DE 08 DE AGOSTO DE 2023) y el Relator Especial de las Naciones Unidas (ONU) sobre la situación de los Defensores de Derechos Humanos (abril de 2024), coinciden en la necesidad de una acción urgente por parte del gobierno brasileño para resolver la actual escalada de conflictos, violencia y daños contra las comunidades indígenas y tradicionales.

La principal razón de la violencia estructural contra las comunidades indígenas y quilombolas es la falta de reconocimiento y demarcación de sus territorios, plena responsabilidad del Estado brasileño.

En el estado nororiental de Pará, grandes extensiones de tierra están en manos de empresas de aceite de palma. Cuentan con el pleno apoyo del Estado, al cual parece no importar las graves repercusiones sociales y medioambientales del acaparamiento de tierras por parte del sector de la palma aceitera ni la deforestación y contaminación ambiental provocadas por los monocultivos de palma aceitera.

Mientras que sólo dos empresas, Brasil Biofuels (BBF) y Agropalma, reclaman más de 240.000 hectáreas de tierra, la superficie de tierra indígena oficialmente demarcada por el Estado brasileño en la región es de tan sólo 147 hectáreas: la tierra indígena Turê-Mariquita del pueblo Tembé es la zona indígena oficialmente demarcada más pequeña de Brasil.

El resultado es una gran destrucción y complejos conflictos socioambientales que dejan muertes y profundas huellas negativas en la población. Las sucesivas quejas y denuncias ante los organismos competentes, registradas por las comunidades, han sido en vano.

Las comunidades indígenas Tembé, Turiwara y Quilombola necesitan que se demarquen y titulen cuanto antes sus territorios, a los que tienen derecho por ley y están protegidos por el Estado brasileño.

Los líderes han dicho en repetidas ocasiones: "Agropalma y BBF no exportan aceite de palma, exportan nuestra sangre". Es urgente que se retire a los guardias de seguridad armados y garanticen que los empleados y contratistas de BBF y Agropalma actúan de acuerdo con la ley y no amenacen la seguridad de las comunidades de ninguna manera.

Atentamente,

 

1.) CONSEJO NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS, RECOMENDACIÓN Nº 16 DE 08 DE AGOSTO DE 2023: https://www.gov.br/participamaisbrasil/blob/baixar/28956

2.) Ministerio de Derechos Humanos y Ciudadanía, 19.4.2024. El relator de la ONU elogia el compromiso del gobierno federal con la protección de los defensores de los derechos humanos: https://www.gov.br/mdh/pt-br/assuntos/noticias/2024/abril/relatora-da-onu-exalta-empenho-do-governo-federal-na-protecao-de-defensores-de-direitos-humanos

Noti­cias y actuali­zaciones Footnotes

AgropalmaLea nuestra petición "Amazonia: acaparamiento de tierras y violencia por la palma aceitera ecológica, con comercio justo y sostenible" y los artículos relacionados: https://www.salvalaselva.org/peticion/1262/aceite-de-palma-de-la-selva-amazonica-no-es-ni-ecologico-ni-justo-ni-sostenible


Brasil Biofuels BBFSalva la Selva, 16-8-2023. Cumbre sobre la Amazonia en Brasil: los pueblos indígenas denuncian la violencia: https://www.salvalaselva.org/exitos-y-noticias/11680/cumbre-sobre-la-amazonia-en-brasil-pueblos-indigenas-denuncian-violencia

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