¿A qué precio? Más asesinatos de personas defensoras de la tierra en 2017

Marivic ‘Tarsila’ Danyan frente a las plantaciones de café cerca de la comunidad de Tabasco en Filipinas en la que vive. En diciembre de 2017, el padre y el esposo de Mirivic 'Tarsila' Danyan fueron asesinados por el ejército por defender tierras comunitarias contra la expansión de las plantaciones de café en Filipinas. (© Thom Pierce/Guardian/Global Witness/UN Environment)

30 jul. 2018

Sigue la tendencia creciente de los últimos años y 2017 es el año con más muertes registradas de personas defensoras de la tierra y el medio ambiente. La agroindustria, el sector de negocios más vinculado a los asesinatos

Las cifras anuales de Global Witness demuestran que en 2017 fueron asesinadas, al menos, 207 personas activistas de la tierra y el medio ambiente en 22 países; casi cuatro personas por semana, convirtiéndolo en el peor año del que se tiene registro.

El informe devela un gran aumento en los asesinatos vinculados a productos para consumo. Aumentan los ataques brutales contra quienes defienden su tierra de la agricultura destructiva (por ejemplo, del acaparamiento de tierra para la palma aceitera, utilizada en productos de uso cotidiano como jabón y café).

El informe urge de manera crítica al gobierno y a las empresas a tomar medidas para poner fin a los ataques y apoyar a las personas defensora.

Global Witness reveló una vez más que al menos 207 personas defensoras de la tierra y del medio ambiente fueron asesinadas el pasado año: líderes indígenas, activistas comunitarios y ecologistas asesinados al intentar proteger sus hogares y comunidades de la minería, la agroindustria y otros negocios destructivos.

Probablemente el total global sea mucho mayor, considerando las limitaciones en cuanto a datos disponibles. El asesinato es el ejemplo más atroz de una serie de tácticas utilizadas para silenciar a las personas defensoras, incluyendo amenazas de muerte, arrestos, intimidación, ciberataques, agresión sexual y demandas judiciales.

El informe "¿A qué precio?" expone que la agroindustria ha superado a la minería como el negocio más asociado a estos ataques.

Las agresiones incluyen el asesinato de Hernán Bedoya en Colombia, quien recibió 14 disparos de un grupo paramilitar por manifestarse contra plantaciones de palma aceitera y de banano en tierras robadas a su comunidad; la masacre, ejecutada por el ejército, de ocho aldeanos en Filipinas, quienes se opusieron a una plantación de café en su tierra; y ataques violentos de parte de finqueros brasileños, que usando machetes y rifles dejaron gravemente heridos a 22 integrantes del pueblo indígena de Gamela, algunos con las manos cortadas.

El informe relaciona esta violencia con los productos que encontramos en nuestros hogares: agricultura a gran escala, minería, caza ilegal, tala, todos producen componentes e ingredientes de productos de supermercado, como aceite de palma para champú, soya para carne y madera para muebles.

El informe también revela que algunos gobiernos y empresas son cómplices de los homicidios, y Global Witness hace un llamado a la acción urgente, si se quiere revertir la tendencia. Además de ser parte del problema, los gobiernos y las empresas pueden ser parte de la solución. Deben abordar de raíz las causas de los ataques; por ejemplo, garantizar que las comunidades puedan decir “no” a proyectos en sus tierras, como la minería; apoyar y proteger a las personas defensoras en riesgo y garantizar que se haga justicia para quienes sufren la violencia.

Ben Leather, Encargado de Campañas de Global Witness, dijo: "Activistas locales están siendo asesinados, mientras los gobiernos y las empresas priorizan la obtención de ganancias rápidas por sobre la vida humana. Muchos de los productos que surgen de este derramamiento de sangre pueden encontrarse en los estantes de los supermercados. Las valientes comunidades que se enfrentan a los funcionarios corruptos, a las industrias destructivas y a la devastación ambiental, son brutalmente silenciadas. Basta ya.

"Los gobiernos, las empresas y los inversionistas tienen el deber y el poder de apoyar y proteger a las defensoras y defensores en situación de riesgo, y de garantizar la rendición de cuentas cuando ocurran los ataques. Pero, lo que es más importante, pueden evitar que estas amenazas surjan en primer lugar, escuchando a las comunidades locales, respetando sus derechos y asegurando que las empresas operen de manera responsable.

"A pesar de las adversidades que enfrenta, la comunidad global de personas defensoras del medio ambiente y de la tierra no va a desaparecer; sólo se está fortaleciendo. Invitamos a las y los consumidores a que se nos unan en esta campaña junto a las personas defensoras, llevando su lucha a los pasillos donde se mueve el poder y a las salas de juntas de las corporaciones. Nos aseguraremos de que sus voces sean escuchadas. Y estaremos vigilando para asegurar que las personas defensoras, su tierra y el medio ambiente del que todos dependemos sean debidamente protegidos".

Otros hallazgos clave incluyen:

Brasil registró mayor cantidad de asesinatos que cualquier otro país en la historia, con 57 homicidios en 2017.

48 personas fueron asesinadas en Filipinas en 2017, el número más alto jamás documentado en un país asiático.

El 60% de los asesinatos registrados tuvo lugar en América Latina. En México y Perú los homicidios aumentaron drásticamente, de tres a 15 y de dos a ocho, respectivamente. Nicaragua registró la mayor cantidad de homicidios per cápita, con cuatro asesinatos.

Por primera vez, la agroindustria fue el sector más sangriento, con al menos 46 asesinatos vinculados con esta industria. Los asesinatos relacionados con la minería aumentaron de 33 a 40, y 23 asesinatos se asociaron a la tala.

Enfrentar a los cazadores ilegales se volvió aún más peligroso, con un récord de 23 personas asesinadas por plantarse en contra del comercio ilegal de vida silvestre, en su mayoría guardaparques en África.

Global Witness vinculó a las fuerzas de seguridad del gobierno con 53 de los homicidios del año pasado, y a actores no estatales, como bandas criminales, con 90 asesinatos.

Hubo una gran disminución en los asesinatos de personas defensoras de la tierra y del medio ambiente en Honduras, aunque, en general, empeoró la represión de la sociedad civil.

En los últimos años se ha observado un mayor reconocimiento y acción por parte de los gobiernos y las empresas; pero se debe hacer mucho más y con urgencia para abordar este problema.