Javier Ramírez: ¡Al fin libre!

Javier Ramírez con su madre Rosario Piedra tras su puesta en libertad

17 feb. 2015

Oponerse a la minería no es un delito, sino cada vez más un sinónimo de defender los bosques, el agua y la vida. Graves consecuenciaspara campesinas y campesinos afectados por el avance del extractivismo en Ecuador. El caso de Javier Ramírez.

Tras diez largos meses de cárcel, el 10 de febrero de 2015 era puesto en libertad el campesino ecuatoriano Javier Ramírez, quien también es presidente de la pequeña comunidad Junín en la zona de Intag (Cotacachi, Imbabura). Cientos de familiares, vecinos y amigos le esperaban bajo la atenta mirada de los muchos policías que custodiaban el recinto judicial. Lo primero: celebrar su feliz puesta en libertad tras 308 días de prisión.

No faltaron pancartas de todo tipo, música y jolgorio. Entre los asistentes pudo verse a Alberto Acosta, ex presidente de la Asamblea Constituyente de Montecristi, a Elsie Monge, presidenta de la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos CEDHU, a Jaime Guevara, cantautor ecuatoriano y a Rocío Cachimuel, presidenta de la Federación de Indígenas y Campesinos de Imbabura, entre otras muchas personas que quisieron estar presentes para mostrar su apoyo incondicional a Javier Ramírez.

De hecho, salió a hombros por las calles, tras lo cual se le realizó un ritual ancestral de purificación o limpia. Es este un momento para celebrar y reflexionar acerca de la importancia de la libertad para resistir y protestar contra un proyecto extractivo. Pero no hay que dejar de mencionar que Javier Ramírez ha sido declarado culpable de los delitos que se le imputaban.

Las sucesivas órdenes de arresto que se sacaron de la manga las autoridades tras la detención le achacaban “presunción del delito por rebelión y contra la administración pública”; y la que surgió más tarde le acusaba de “sabotaje” y “terrorismo”. Pero Javier es inocente.

Volviendo la vista atrás
El 10 de abril de 2014, Javier Ramírez, junto a otros campesinos y líderes comunitarios de la zona de Intag, cantón Cotacachi, fue invitado a una reunión a las 3 pm con el Ministro del Interior, José Serrano. A las 20hs., cuando Javier regresaba a su hogar en el autobús Quito-Chontal fue detenido por la policía. El bus se detuvo en un punto del camino llamado Nanegalito, a instancias de policías que pedían identificación a los viajeros. Al ver las identificaciones de los campesinos de Intag les hicieron bajar y sin motivo ni orden de captura, les arrestaron. Poco después, el compañero con el que viajaba quedó libre.

Según personas que siguieron los hechos, la orden de detención llegó supuestamente a posteriori al cabo de varias horas. Javier Ramírez fue transportado a Quito y posteriormente al penal de Ibarra. En un principio quedó detenido para un período de 30 a 90 días de prisión preventiva que terminaron convirtiéndose en 10 largos meses.

¿Culpable o inocente?
A quienes le conocemos, llama poderosamente la atención que tras el proceso judicial Javier Ramírez haya sido declarado culpable y nos crea un sentimiento de indefensión y falta  de justicia. Según su abogado defensor Dr. Ramiro Román,“Ramírez nunca estuvo en el lugar de los hechos y que por lo tanto, han sentenciado a un inocente”. “Aunque no se hizo justicia como tenía que hacerse, aunque no se le declaró inocente, porque es inocente, hoy los jueces le dieron una pena de 10 meses la cual Javier Ramirez ya cumplió y hoy estará nuevamente en Intag”, dijo por su parte Polibio Perez, vecino de Intag y al igual que Javier dirigente comunitario ¿Porqué a pesar de las voces que confluyen asegurando y testificando su inocencia ha sido ahora entonces Javier declarado culpable? Existen razones para su condena.

El veredicto del Tribunal Primero de Garantías Penales de Ibarra fue precisamente de 10 meses de cárcel, por supuestamente haber agredido el 6 de abril de 2014 a funcionarios de la Empresa Nacional Minera (Enami) cuando estos recorrían la zona de Intag. La pena equivale al período exacto que Ramírez permaneció en prisión. Declararle inocente supondría, después de los 10 meses de prisión injustificable en que le han mantenido, un fallo imperdonable e impopular para el gobierno, además de las implicaciones legales. Ramírez podría plantear una demanda contra el Estado por el tiempo que ha estado privado de la libertad.

“Es un logro, es un triunfo saberlo libre; eso es lo primero porque estuvo injustamente detenido 10 meses; eso es un hecho y había la preocupación de que se insistiera en mantenerlo preso y eso habría sido fatal”, declaró a la televisión local Elsie Monge, directora de la CEDHU. Por su parte, Javier está feliz de estar nuevamente en Intag y agradecido por el apoyo recibido.

La pesadilla minera se repite: invasión militar y policial en Intag
Para facilitar el avance del proyecto minero, el objetivo de las fuerzas de seguridad del Estado era ocupar físicamente la comunidad de Junín, comunidad que es vista como el bastión de la resistencia al proyecto minero Llurimagua durante casi dos décadas. Poco después de la detención de Javier, el 8 de mayo 2014 ingresaban a la comunidad, unos 200 policías, una ambulancia y 2 camionetas del GIR junto con la empresa minera ENAMI-CODELCO. Con intensidad variable se han mantenido durante meses en el lugar.

“Las mineras ENAMI y CODELCO argumentan un interés en la 'exploración' cuando el tema de fondo es el modelo de desarrollo con la expansión de las fronteras extractivas, lo que lleva a una contradicción con el supuesto cambio de la matriz productiva y un sinnúmero de violaciones a los derechos constitucionales, humanos y colectivos”, según la visión del grupo Unidos por Intag.

La reactivación de forma tan incidente y violenta de los intereses mineros en la zona de Intag y la detención de Ramírez abría preguntas, y traía muchos recuerdos a la zona de Intag, donde a lo largo del tiempo se ha construido un sólido movimiento de resistencia por parte de la población ante los proyectos mineros de las varias empresas interesadas y donde no es la primera vez que las fuerzas estatales y empresas echaban mano de estrategias judiciales, militares y hasta paramilitares.

¿Regreso al pasado?
En los años 2000, más de 90 moradores de la zona de Intag resultaron imputados por diversos delitos en variadas causas judiciales. Desde 2006, la empresa minera Ascendant Copper inició más de quince procesos arbitrarios, paralelos a su pretensión de invadir la zona con sus proyectos mineros de cobre, oro y molibdeno.

Algunas personas que habitaban pacíficamente la zona de Intag aparecían acusadas o encausadas en varias de las acciones judiciales iniciadas por la minera. Las acusaciones posteriormente demostradas como falsas en los juzgados incluían lesiones, incendio, secuestro y otros delitos jamás cometidos en Intag.

“La finalidad es hacerlos aparecer como delincuentes, y sobre todo para eliminar la oposición y amedrentar a quienes se oponen a la explotación minera en la zona”, interpretaba entonces estas denuncias la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU), organización que hasta hoy día continúa dando seguimiento a todo el proceso de resistencia en Intag.
“La justicia estaba entonces y está siendo ahora utilizada para intentar destituir o al menos quitar temporalmente del medio a líderes que se oponen a la actividad minera”, explica Guadalupe Rodríguez de la organización Salva la Selva y, quien conoce el caso y estudia y documenta desde entonces la proliferación de proyectos mineros en todo el mundo.

Las personas que se oponen a la minería tuvieron que enfrentar en los juzgados a las transnacionales mineras Ascendant Copper o Copper Mesa, dos nombres tras los que se escondía una misma compañía. Durante las audiencias que tuvieron lugar a mediados de la primera década de los 2000, la justicia tuvo que terminar dando la razón una y otra vez a los campesinas y campesinos ya que se evidenciaban estrategias inventadas por las empresas, falsos testimonios de los testigos y procedimientos irregulares. Todas las sentencias dictadas fueron absolutorias y favorables a las y los campesinos acusados injustamente, que quedaban absueltos de responsabilidad.

¿Campesinos o delincuentes?
A modo de ejemplo y continuando con el ejercicio de memoria, uno de estos procesos se originaba en incendio acontecido en un campamento de la empresa minera Ascendant Copper el 10 de diciembre del 2005. Se culpaba del incendio a habitantes locales. Tras la Audiencia Preliminar, el Juez Cuarto de lo Penal de Imbabura emitió el 14 de Octubre del 2006 su resolución, dictando auto de sobreseimiento definitivo a favor de los acusados. La sentencia fue ratificada por la Corte Superior de Justicia de Ibarra en noviembre del 2006 tras un recurso de apelación interpuesto por la Ascendant.

Muy sonado también fue el caso de supuesto secuestro múltiple (plagio) que se produjo en Intag en septiembre de 2006. Los hechos sucedieron así: cuando empleados de la compañía minera intentaron invadir sus propiedades privadas, la comunidad retuvo a los invasores para entregarlos a las autoridades. Para intentar desviar su responsabilidad en las invasiones, la empresa Ascendant denunció a dos campesinos de la zona. Al celebrarse el juicio1, la defensa pudo demostrar que los imputados no estuvieron presentes en el momento del supuesto secuestro, sino que llegaron horas más tarde, y también que no tenían responsabilidad sobre ningún hecho que hubiera sucedido. Por esta denuncia, estas dos personas pasaron injustamente nueve días en la prisión de Ibarra. La Fiscal del caso, emitió su dictamen absteniéndose de acusar a los imputados, lo que fue ratificado por el Ministro Fiscal de Imbabura el 18 de enero del 2007. También este caso fue ganado por los campesinos en contra de la minería.“Una vez más, la justicia ecuatoriana nos dio la razón al pueblo, a la gente honrada”, comentó uno de estos campesinos, al ver su inocencia, por todos conocida en Intag, oficialmente confirmada por las autoridades.

Otro proceso2 se inició en la ciudad de Quito, en contra de Carlos Zorrilla. Los delitos que se le imputaban incluían robo, agresión y tenencia de armas. Tras un largo y complicado proceso plagado de irregularidades, el Fiscal Distrital de Imbabura emitió su dictamen en el mes de marzo del 2007 absteniéndose de acusar al señor Zorrilla. Pocos días más tarde, el Ministro Fiscal de Imbabura ratificó la falta de acusación a favor de Carlos Zorrilla.

Luego de la Audiencia Preliminar con fecha de abril de 2007, el Juez segundo de lo Penal de Imbabura dictó auto de sobreseimiento definitivo del proceso y del imputado absolviendo de toda responsabilidad en forma definitiva a Carlos Zorrilla. Durante los meses que duró este caso, cientos de cartas personales, de organizaciones nacionales e internacionales y diferentes campañas de firmas dieron testimonio del apoyo a Zorrilla y a su larga trayectoria personal y como ambientalista. Por el simple hecho de oponerse a la minería, el señor Zorrilla ha vuelto a estar en la mira de las autoridades, quienes le acusan de 'ser extranjero', y suponer que por eso tiene menos derechos que los nacidos en el país a opinar sobre la destrucción ambiental, a pesar de habitar el lugar durante más de 35 años y haberse convertido en uno más en Intag.

Buceado aún más atrás en el pasado, también el periódico comunitario Intag fue víctima de una denuncia en 2004, llegando a reclamársele el despropósito de un millón de dólares. Dicha denuncia fue archivada tras alegarse que la misma había sido infundada. La presencia en la zona de las multinacional minera Copper Mesa (antes Ascendant) mostró así al Ecuador el rostro oscuro de la mentira y la destrucción. Estas dos empresas mineras terminaron desistiendo de su intención de explotar los metales y minerales del subsuelo y abandonando la zona.

“A pesar de su aparente desconexión, todos estos procesos eran parte de una clara estrategia para callar las voces que se oponen a la Ascendant Copper”, expresaba entonces Polibio Pérez, una de las personas que ha tenido más de estas causas judiciales falsas en su contra. Pérez fue detenido junto con Javier Ramírez, presidente de la comunidad de Junín el pasado 10 de abril 2014. Mientras Pérez fue liberado inmediatamente, Ramírez quedó en prisión preventiva.

¿Amnistía de 2008 papel mojado?
La Asamblea Constituyente de Montecristi en la que se discutió y elaboró la Constitución de 2008 concedió el 14 de marzo de ese año el recurso de amnistía a 357 ciudadanos defensores de los derechos humanos, “criminalizados por sus acciones de protesta y resistencia en defensa de sus comunidades y de la naturaleza" según comunicado oficial. Las y los amnistiados eran en su mayoría líderes comunitarios y campesinos e indígenas de varias comunidades de todo el país, que estaban vinculados a procesos comunitarios en oposición a la minería, a la explotación de petróleo, construcción de hidroeléctricas, por defender el agua y la calidad ambiental, por defender tierras comunales, derechos colectivos y por denunciar la explotación maderera. Entre los amnistiados se encontraban muchos habitantes de Intag que no menciona este artículo, y cuyas causas aún no habían sido resueltas en los tribunales.

Las organizaciones de derechos humanos evaluaron en su momento esta sonada Amnistía como un “triunfo de las causas colectivas sobre la pretensión de individualizar la lucha socio-ambiental, a través del enjuiciamiento a líderes y pobladores”. Pero la estrategia de criminalizar a los defensoras y defensores de la naturaleza y los derechos humanos en los juzgados no ha hecho desde entonces más que exacerbarse.

Nueva ola de criminalización y denuncias
Por mencionar un ejemplo paradigmático aunque no aislado, varios vecinos del cantón Santa Isabel en otra provincia, la de Azuay, conocidos como los '17 de Shaglly' fueron criminalizados por defender el agua. Algunos de ellos visitaron el calabozo en similares circunstancias a principios de 2013.

Todo apunta a que estas nuevas acusaciones infundadas a campesinos en Intag responde a una nueva estrategia de criminalización de la protesta social, y las empresas dan paso ahora al propio Estado ecuatoriano, interesado ahora en explotar por sí mismo mediante la empresa nacional minera ENAMI creada a tal efecto, las reservas mineras de la zona a pesar de la oposición vecinal. Otra empresa que participa del proyecto es la empresa chilena CODELCO, una gigante global del cobre.

Lejos de acallar sus voces, las comunidades de Intag, provincia de Imbabura, ratifican su posición en contra de la minería en la zona de Intag. Un numeroso grupo de organizaciones nacionales e internacionales piden desde el momento de su detención en una carta a las autoridades que Javier Ramírez fuera puesto inmediatamente en libertad, y que se aclararan las oscuras circunstancias en las que se produjo la irregular detención, como fue sido publicado en el diario El Norte el sábado 12 Abril 2014. En este periódico se informaba no sólo que “la orden de detención no era para esta persona”, sino que además las autoridades “cambiaron el escrito”. A esta carta siguieron cientos de iniciativas a nivel nacional e internacional pidiendo la liberacion de Ramírez que ya es por fin una realidad.

¿Qué es lo que está en juego?
Intag es una región habitada por pequeñas comunidades rurales que viven principalmente de la agricultura. En un entorno de bosques nublados que no sólo juegan un papel fundamental en cuanto a la protección del agua, sino que además albergan una biodiversidad excepcional quepertenece al punto caliente de biodiversidad más importante del mundo, los Andes Tropicales. Más de 30 especies de plantas y animales de la zona se encuentran amenazadas o en peligro de extinción.

La preocupación de la población local se inicia en el momento en que el proyecto minero para extraer cobre y otros minerales implica la deforestación masiva y el desalojo y reubicación de varias comunidades. Pero sobre todo porque violenta la voluntad ciudadana de optar por el modo de vida y desarrollo que han elegido y construido a lo largo de años.

Por las campañas realizadas a nivel internacional, Salva la Selva recibió el siguiente agradecimiento inmediatamente después de la liberación de Javier Ramírez, acompañada de una advertencia para el futuro: “Todavía nos queda un largo camino por delante: aquí en Ecuador debemos seguir peleando por demostrar la inocencia de Javier y espero que podamos seguir sumando nuestras fuerzas con todos ustedes para el proyecto Llurimahua nunca haga una realidad”. Es a la vez un llamado de atención sobre el hecho de que aquí no termina el avance del extractivismo en el Ecuador ni en el mundo.


Más información:

Vídeo Javier Ramírez, líder antiminero del Íntag, seguirá defendiendo su tierra

Entrevista publicada por el diario La Hora

Momento del arresto de Javier Ramirez

Así es Javier Ramírez

Reportaje en TVN sobre la detención

1 No. 2751-2006
2 No. 518-2007