Salva la Selva con los activistas antinucleares de Greenpeace España

27 nov. 2014

Si en algo coincide Salva la Selva con Greenpeace es en que “defender el medio ambiente es nuestro derecho y deber. Y la protesta pacífica es nuestra herramienta para hacerlo”.

A pocos días de Greenpeace España enfrenta el juicio más duro en sus 30 años de historia: la libertad de 16 activistas y un fotoperiodista independiente está en juego. Y también la viabilidad económica de la organización, pues podría tener que afrontar un pago de 357.371 euros en concepto de multas e indemnizaciones como presunto responsable civil subsidiario de esta protesta.

El supuesto delito: denunciar el peligro en la central nuclear de Cofrentes (Valencia) el 15 de febrero de 2011 poniendo de manifiesto la preocupante falta de seguridad de la planta, donde pintaron aquél día “PELIGRO NUCLEAR”.

Los activistas se enfrentan a dos años y ocho meses de cárcel por una protesta pacífica que tuvo lugar en 2011 para denunciar el peligro en la central nuclear de Cofrentes (Valencia). Son personasque un día han decidido alzar su voz para defender el medio ambiente y las generaciones futuras y estánacusadas de delitos de desorden público, daños y lesiones.

El juicio tendrá lugar a pocos días de la sonada acción para denunciar las prospecciones petroleras en el mar cerca de Canarias, durante las que se produjo el abordaje por parte de la Armada a las lanchas de Greenpeace, y la detención de su barco Arctic Sunrise en Canarias.

Greenpeace argumenta que“nunca ha eludido la justicia, aunque sí pide proporcionalidad. Defender el medio ambiente a través de la protesta pacífica no puede salir caro a personas que entienden como obligación propia proteger aquello de lo que dependemos todos.”

Y también porque "Defender el medio ambiente es un DEBER. Protestar, nuestro DERECHO", tal y como se establece en el artículo 45 de la Constitución.

Salva la Selva invita a toda la sociedad española e internacional a hacerse eco de la oleada criminalización que se está ejerciendo sobre el movimiento ecologista. “Instituciones y empresas judicializan protestas pacíficas y criminalizan a los activistas amenazándolos con elevadas multas y penas de cárcel, con el objetivo de asustar y así también desmovilizar a la opinión pública. Creen que enredando a los activistas en complicados juicios tendrán vía libre para seguir abusando del medio ambiente. Pues no lo consentimos”, declara Guadalupe Rodríguez, activista de Salva la Selva.

Juicios a ecologistas por doquier

Salva la Selva apoya a otras muchas personas en diferentes países que enfrentan procesos judiciales en la misma tónica de criminalización de la protesta ecologista. Es el caso de Javier Ramírez, agricultor y activista antiminero en Ecuador actualmente en prisión preventiva, o Máxima Acuña, campesina peruana defensora de las lagunas en la región de Cajamarca, acusada de usurpación de su propio terreno. También Nasako Besingi en Camerún enfrenta un juicio por el simple hecho de informar acerca de la tala de la selva para establecer cultivos industriales de palma.