Atención médica para comunidades desplazadas por mina de bauxita

Medicamentos para la comunidad de nueva Hamdallaye después de la presión internacional Los medicamentos son necesarios, ahora hay que solucionar todos los problemas causados por la minera (© FIAN)

11 jun 2021

Pocos días después de entregar la petición difundida por FIAN, Powershift y Salva la Selva, la empresa minera promete asistencia médica en la comunidad de Hamdallaye, en Guinea. No es suficiente. Las garantías estatales de préstamos no deben consentir las violaciones de los derechos humanos.

Noticias desde la aldea de Nueva-Hamdallaye, en Guinea: el 26 de mayo, la empresa minera CBG dotó de medicamentos al modesto centro de salud y unos días después envió a dos médicos para que prestaran atención médica a los habitantes de Nueva Hamdallaye y aldeas vecinas.

El anterior pueblo de Hamdallaye fue destruido para dejar paso a la extracción de bauxita en 2020. Quienes lo habitaban fueron reubicados a la fuerza en mayo de 2020, en medio de la pandemia, sin consulta ni mediación. El nuevo pueblo se asienta en una escombrera de una parte de la mina ya explotada, en un lugar donde la agricultura no es posible. La extracción de bauxita ha provocado la contaminación y el drenaje de importantes masas de agua. En el nuevo pueblo no hay agua potable; sólo tras la presión de las ONG se han instalado grifos públicos.

El gobierno alemán está contribuyendo a la expansión de la mina de bauxita de Sangaredi con una garantía de crédito financiero de 293 millones de dólares, a pesar de los elevados y bien conocidos riesgos ecológicos y sociales. Al hacerlo, acepta con conocimiento de causa el robo de tierras, la destrucción del medio ambiente y violaciones de derechos humanos para el suministro de materias primas de Alemania. Aproximadamente la mitad de la bauxita que Alemania importa para la producción de aluminio procede de la mina de Sangaredi. Y el 93% de la bauxita total procede de Guinea.

El 17 de mayo, FIAN, Powershift y Salva la Selva entregaron la petición “Comunidades desplazadas por mina de bauxita en Guinea” a representantes del Ministerio de Economía en Berlín. La entrega de medicamentos tuvo lugar pocos días más tarde, lo que a nuestro parecer indica que la empresa conoce las críticas por las violaciones de derechos humanos y destrucción ambiental.

Los medicamentos son necesarios para la población afectada y les proporcionan algo de alivio, sin embargo, es una gota en el océano de problemas. Sucesivas medidas deben tomarse. Una mejor atención médica no es una reparación suficiente al desplazamiento y no soluciona la angustia ni va a la raíz del problema. Y sería aún más censurable, si CBG no toma más acciones. La empresa debe al menos mejorar las desastrosas condiciones de vida que ha provocado, indemnizar a los expropiados y compensarles con tierras de cultivo, garantizando el acceso al agua y a la red de carreteras. Es fundamental la restauración de la mina ya explotada.

Seguimos exigiendo al gobierno alemán que excluya de la financiación estatal a las empresas que violan los derechos humanos y que, en general, garantice que las garantías de los préstamos estatales no den lugar a violaciones de los derechos humanos.

Una Ley de Cadena de Suminstro

Mientras escribimos estas líneas, el Parlamento Alemán (Bundestag) aprobó la Ley de la Cadena de Suministro. Un gran paso para los derechos humanos y el medio ambiente en las cadenas de suministro -como la de la bauxita-. Por primera vez, una ley responsabilizará a las empresas y se opondrá a prácticas empresariales sin escrúpulos. La ley adoptada es un importante paso adelante, pero tiene muchos puntos débiles. Más más de 125 organizaciones de la Iniciativa de Derecho de la Cadena de Suministro persiguen este objetivo conjuntamente.

La sociedad civil sigue peleando y vigilando la elaboración de políticas y el comportamiento de las empresas.