Acción finalizada y en seguimiento: Amazonia ecuatoriana: proyecto petrolero amenaza la Reserva de Biosfera Sumaco
Desde el 12.03.10 1526 personas han participado en la protesta
Reserva de Biosfera Sumaco
El gobierno ecuatoriano ha sido pionero en proponer al mundo un proyecto ejemplar como el de “dejar el crudo bajo el suelo”, en el Parque nacional Yasuní en la amazonía ecuatoriana. Este proyecto consiste en no extraer el petróleo que se encuentra en el Parque Nacional Yasuní, y obtener compensación económica de la comunidad internacional por el esfuerzo de conservación de la biodiversidad y los pueblos indígenas que habitan la zona.
Pero áreas de comparable valor biológico están siendo concesionadas a multinacionales petroleras no muy lejos del Yasuní. En la búsqueda de recursos financieros, el gobierno nacional ha concesionado el Bloque 20, conocido también con el nombre Pungarayacu, para la extracción crudo pesado. Se trata de unas 146.000 hectáreas de terreno que se extienden incluso sobre zonas pobladas y protegidas como la Reserva de Biosfera Sumaco.
El Parque Nacional Sumaco se extiende entre los cantones Arosemena Tola al sur, pasando por las ciudades de Archidona y Tena en prolongándose en dirección al este por el cauce del río Napo hasta la ciudad de Coca (en la provincia de Orellana), y continuando aguas arriba por el río Coca. Designada como Reserva Biosfera por UNESCO en 1997, consta de más de 930.000 hectáreas de bosque primario tropical y andino y una gran cantidad de biodiversidad. En la provincia hay otros bosques protectores, como la Reserva Antisana y Llanganates. La zona atrae muchos turistas cada año que quieren disfrutar la selva y la naturaleza. Se teme que el proyecto petrolero perjudique seriamente la industria local de eco-turismo, que representa una importante fuente de trabajo.
A pesar de que la Constitución del país tiene leyes muy estrictas sobre el proceso de participación cuidadana frente a proyectos extractivos y contempla también aspectos ambientales y de forma pionera en el mundo, los derechos de la naturaleza. Sin embargo, la compañía Ivanhoe Energy no esta cumpliendo con los mismos y avanza sus operaciones mediante engaños y dividiendo a las comunidades indigenas y lideres comunitarios.
Esta falta de cumplimiento se pone e manifiesto en la falta de consulta previa. El gobierno inició las negociaciones con Ivanhoe sin consultar a los pueblos indigenas y afectados por el proyecto, ignorando así sus derechos constitucionales. En Mayo del 2009, el pueblo kichwa de Rukullacta publicó una denuncia sobre esa violación de la ley. El gobierno continúa ignorado varias denuncias y demandas legales efectuadas por varios sectores sociales contra el proyecto.
El Estudio de Impacto Ambiental (EIA), realizado en solo seis meses, ha sido muy superficial e inadecuado para cubrir los riesgos del proyecto. Contiene conclusiones y contradicciones no justificadas. En especial las fuentes del agua, sumamente importantes en un bosque tropical, resultan altamente amenazadas. El EIA declara la sensibilidad de las áreas con agua, y concluye que el riesgo de contaminación es irrelevante o moderado sin dar justificación por esta conclusión. Tras la publicacióndel estudio, se dio un plazo de tan sólo tres semanas para comentarios público, tiempo que coincidió con las elecciones nacionales que lógicamente absorbieron totalmente la atención de la población.
La compañía petrolera no tiene capital suficiente para ejecutar el proyecto, por no mencionar para la implementación de las medidas de precaución necesarias para minimizar derrumbes y contaminación y para la remediación ambiental. Además, no se contemplan las áreas que se verán afectadas, ni las carreteras que se construirán, ni la destrucción del bosque primario.
Además, la compañía Ivanhoe Energy está aplicando la habitual estrategia de negociar con algunos líderes y miembros de las comunidades, comprándolos con la promesa de empleos, en lugar de acercarse a dialogar con los gobiernos seccionales. Con ello pretenden facilitar su ingreso a la zona aunque no cuenten con el consenso de toda la comunidad.
