Presidente de El Salvador, Sr. Mauricio Funes
Fiscal, Sr. Rodolfo Delgado
Policía Nacional Civil, Comisionado Carlos Antonio Ascencio Giron

CC
Ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Sr. Herman Rosa Chávez
Procurador de los Derechos Humanos, Dr. Oscar Luna


22 de Enero de 2010

Estimados Sres.:

Por la presente, quiero expresar mi profunda preocupación y repulsa a los recientes hechos de violencia sucedidos contra la comunidad ambientalista en el Departamento de Cabañas, en El Salvador.

A lo largo de los últimos meses, las personas y organizaciones contrarias a las operaciones de la empresa minera canadiense Pacific Rim Mining Corp. han sufrido amenazas, persecución, violencia y asesinatos en el Departamento de Cabañas, donde dicha empresa tiene previsto el proyecto minero aurífero El Dorado.

El 26 de diciembre de 2009 Dora Alicia Sorto Recinos, de 32 años de edad, fue asesinada en el Cantón Trinidad del municipio de Sensuntepeque, en el departamento de Cabañas. Embarazada de ocho meses, fue acribillada con arma de fuego cuando volvía de lavar en una quebrada cercana con su hijo de 2 años de edad, que resultó herido en una pierna. Santos Rodríguez fue atacado con arma blanca el año pasado, pero sobrevivió.

El domingo 20 de diciembre de 2009 varios desconocidos asesinaron a tiros a RAMIRO RIVERA, en el cantón Trinidad, municipio de Sensuntepeque (Cabañas), miembro destacado del Comité Ambiental de Cabañas y rostro visible del movimiento popular contrario a la explotación minera en dicho departamento. Junto a él, falleció también FELICITA ECHEVERRÍA, de 57 años de edad, pobladora del cantón Trinidad, y resultó herida una adolescente de 13 años.

Con anterioridad, el pasado mes de agosto, Ramiro Rivera fue herido de gravedad al recibir ocho impactos de bala por lo que en el momento de los hechos iba escoltado por dos miembros de la Unidad de Protección a Víctimas y Testigos. A esta muerte se une la desaparición, el pasado mes de junio, de otro líder de la comunidad y activista medioambiental, MARCELO RIVERA, quien fue encontrado muerto 12 días después, con graves signos de tortura.

Ambos activistas habían destacado por oponerse a la empresa canadiense PACIFIC RIM que opera en El Salvador desde el año 2002 y que pretende explotar varios yacimientos de oro localizados en los municipios de de San Isidro, Guacotecti y Sensuntepeque, todos del departamento de Cabañas.

Paralelamente, los casos de represión, amenazas, asesinatos y violencia se han incrementado alarmantemente en los últimos meses, poniendo en grave riesgo la seguridad e integridad física de los miembros de las diferentes organizaciones sociales movilizadas en contra de estos proyectos minero. El sacerdote católico LUIS ALBERTO QUINTANILLA sufrió un intento de secuestro el 27 de julio. Los periodistas de la emisora comunitaria RADIO VICTORIA son objeto de una campaña de persecución y amenazas de muerte. Una carta que llegó a las instalaciones del medio de comunicación reza: “Bueno, ya mandamos al hoyo a dos, la pregunta es quién va ser el tercero, será acaso el Padre Quintanilla o alguno de los de la radio. No es mala idea seguir mejor con alguno de los bocones de la Radio Victoria”. La emisora sufrió además la destrucción de la instalación eléctrica de la antena transmisora a manos de desconocidos. Otros activistas como MIGUEL RIVERA, hermano de Marcelo, y HÉCTOR GARCÍA BERRIOS, abogado e investigador de los casos y representante de MUFRAS-32, también han recibido amenazas de muerte. Algunos han tenido que recibir protección policial.

La MESA NACIONAL FRENTE A LA MINERÍA METÁLICA, plataforma que agrupa a más de una decena de ONGs y organizaciones sociales salvadoreñas, ha denunciado que la Policía Nacional Civil y la Fiscalía General de la República han cometido serias irregularidades en la investigación del asesinato de Marcelo Rivera. Para los miembros de Mesa, la catalogación de este crimen como violencia común impide indagar en la autoría intelectual del mismo.

Por todo ello, y uniéndome a las reclamaciones que hace la mesa nacional frente a la minería metálica en El Salvador, pido a las autoridades salvadoreñas:

- que se investiguen en profundidad los autores materiales e intelectualesde los asesinatos

- que implementen MEDIDAS DE PROTECCIÓN eficaces a líderes comunales, representantes de organizaciones ciudadanas, activistas, religiosos y
periodistas comunitarios perseguidos y amenazados de muerte, debido a su compromiso con la defensa del medioambiente.

- que acaten las RECOMENDACIONES hechas por la procuraduría para la defensa de los derechos humanos de el salvador y la comisión interamericana de derechos humanos, relativas a la seguridad de dichos activistas medioambientales.

- que el Ejecutivo salvadoreño promueva una LEY DE MINERÍA que prohíba expresamente la exploración y explotación minera en El Salvador, dada la grave alteración ambiental que provocan este tipo de proyectos y las nefastas consecuencias medioambientales que supone su implementación.

Asimismo EXIGIMOS que la empresa canadiense Pacific Rim MINING CORP. y sus subsidiarias estadounidenses, Pac Rim Cayman LLC, y salvadoreñas, Pacific Rim El Salvador, S.A. de C.V. y Dorado Exploraciones, S.A. de C.V.

- retire toda su actividad de aquellas zonas donde la población local lo requiera de forma inmediata.

- respete y cumpla los marcos internacionales de derechos humanos, loque debería ser constatado a través de la realización de una auditoría externa.

- respete la soberanía nacional de los países en los que desarrolla sus inversiones, retirando la millonaria demanda que ha interpuesto al Estado salvadoreño amparándose en el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y Republica Dominicana (CAFTA - DR por sus siglas en inglés), tratado denunciado por los movimientos populares salvadoreños.

- reconozca la deuda ecológica adquirida por la actividad de la minería metálica y proceda a la restitución y reparación de posibles daños.

A la espera de una respuesta de su parte a las preocupaciones expresadas en la comunicación, me despido muy atentamente,