FRANCISCO SANTOS, Vicepresidente de la República
fsantos@presidencia.gov.co

FABIO VALENCIA COSSIO, Ministro del Interior
ministro2@mininterior.gov.co

JAIME BERMUDEZ, Ministro de Relaciones Exteriores
cancilleria@cancilleria.gov.co

ANDRES FERNANDEZ, Ministro de Agricultura
contactenos@minagricultura.gov.co

CARLOS COSTA, Ministro de Medio Ambiente
correspondencia@minambiente.gov.co

GUILLERMO MENDOZA DIAGO, Fiscal General de la Nación
contacto@fiscalia.gov.co
derechosdepeticion@fiscalia.gov.co
cuentelealafiscalia@fiscalia.gov.co

ALEJANDRO ORDOÑEZ, Procurador General de la Nación
quejas@procuraduria.gov.co

VOLMAR PEREZ, Defensor Nacional del Pueblo
agenda@agenda.gov.co

JULIO CESAR TURBAY QUINTERO, Contralor General de la Nación
pepazos@contraloriagen.gov.co

Diciembre de 2009

Estimados Sres.:

Por medio de las organizaciones de Derechos Humanos ha llegado a mi conocimento que la Corte Constitucional (Auto 222 de junio de 2009) ordenó garantizar la protección y el establecimiento de la comunidad en sus tierras. Posteriormente, una Sentencia del Tribunal del Chocó (Sentencia de tutela 0073 del 5 de octubre 2009) ordena la suspensión de todas las actividades de los empresarios y la devolución voluntaria de las tierras.

Sin embargo, con profundo dolor e indignación, me permito poner en su conocimiento que las violaciones de derechos humanos y los daños ambientales siguen sucediendo. A continuación detallo tan sólo algunos de los hechos sucedidos en los últimos dos meses, para que tengan a bien intervenir inmediatamente:

*El líder comunitario ENRIQUE PETRO ha sido denunciado injustificadamente de tener vínculos con los grupos paramilitares , criminalizándolo por defender su derecho a la tierra.

*El territorio comunitario y las propiedades de algunos habitantes de la Zona Humanitaria de Caño Manso continúan siendo deforestados.

*Por reclamar por la deforestación que se está realizando en su propiedad, OSCAR MONCADA, habitante de la Zona Humanitaria de Caño Manso, ha sido amenazado de muerte por los paramilitares “Águilas Negras” (“Chucho” y “Jaramillo”, y el aserrador como “El Chicho”). También las señoras BERNABELA PRISCA MESA y CLARISA BAILARIN fueron amenazandas.

*También se ha estado deforestando la propiedad de FRANCISCO PEREZ, habitante de la Zona Humanitaria de Caño Manso.

*Se intenta hacer pasar por guerrilleros a los habitantes de las diferentes Zonas Humanitarias.

*Se destruyen sus cultivos: al mando de LUIS FELIPE MOLANO se destruyó un cuarto de hectárea de arroz de FRANCISCO PEREZ de la Zona Humanitaria de Caño Manso; cultivos de plátano de la Zona Humanitaria de Caracolí fueron invadidos y destruidos por el ganado de los empresarios de mala fe de nombre ARGOTE causando graves daños, quienes aun no contentos con su crueldad, días más tarde depositaron una vaca muerta en el mismo lugar; la cosecha de maíz del campesino ALFONSO SAYA de la Zona Humanitaria de Caño Manso fue destruida por ocupantes de mala fe al servicio del coronel LUIS FELIPE MOLANO .También el espacio comunitario de la Zona Humanitaria de Caño Manso fue dañada por la introducción abusiva de ganado.

*El campesino MANUEL ANTONIO GALVAN, habitante de la Zona Humanitaria de Caracolí fue fotografiado por JOSE BUITRAGO, administrador de la finca “La Tukeka” propiedad de la familia ARGOTE con fines de amedrentarlo.

En medio de estos graves hechos, continúa la recolección del fruto de la palma. La palma y los palmeros continúan ahi.

De este modo, las sentencias y fallos judiciales son ingnorados, la justicia burlada. El aparato judicial resulta ineficaz para sancionar en derecho a los responsables de más de 140 crímenes, 13 desplazamientos forzosos, despojo y daños ambientales. La impunidad es total. La autoridad no existe. El Estado de Derecho se ha desmoronado y ha quedado instituido el Estado de hecho.

En conformidad con el artículo 23 de la Constitución Nacional y a la vista del fallo del Tribunal Superior del Chocó 0073, le solicito me informe de acuerdo con sus responsabilidades institucionales en relación con esta decisión judicial:

1. ¿Qué empresas han cesado en sus operaciones dentro de los territorios colectivos de Curvaradó y Jiguamiandó? ¿Desde cuándo? Y ¿qué institución verificó el cese de las actividades empresariales?

2. ¿Qué directiva o acta fue expedida en el interior de la brigada 15 para acompañar las operaciones empresariales de Palmas de Curvaradó y Palmadó, luego de conocido el fallo 0073 del 5 de octubre? ¿Cuándo y quién la suscribió? Si no existe directiva o acta alguna ¿por qué unidades militares de la brigada 15 acompañan las operaciones empresariales?

3. ¿Qué medidas concretas se han adoptado por parte de las entidades competentes para la RESTITUCION de la propiedad colectiva? ¿Qué medidas en materia humanitaria, ambiental? ¿Quiénes son los beneficiarios?

4. ¿Qué medidas en materia de protección tendientes a garantizar la vida e integridad de los habitantes de las Zonas Humanitarias y de Biodiversidad ante los señalamientos de efectivos de la brigada 15, montajes judiciales, amenazas de muerte, combate a paramilitares, repoblamiento, destrucción de bienes de supervivencia? Precise decisiones y actuaciones de modo, de tiempo y de lugar.

Espero su muy pronta respuesta y la toma de medidas expeditas para proteger la vida, la integridad personal, el derecho a la habitación y a un ambiente sano y la biodiversidad de predios en Curvaradó y Jiguamiandó.

Con profunda preocupación,